En el período 2016-2019, el grupo palaciego decide imponer a rajatabla la reelección de Evo Morales bajo argumento de ser un “derecho humano”, amparándose en enunciados del Pacto de San José. Esta afrenta a la democracia y a la Constitución Política del Estado, tensiona al extremo la frágil relación existente entre gobierno, poder mediático privado y periodistas.
En 2014, Morales gana las elecciones con un 61.36%, record de votación en la historia electoral de Bolivia. El resultado, muy prometedor, le anima a buscar su reelección en 2019, pero se debe modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, mediante consulta popular porque la norma reconoce una sola reelección. Así, el propio gobierno convoca al referendo del 21 de febrero de 2016, en cuyo escenario es derrotado el presidente y pierde su aspiración a un cuarto mandato para sorpresa del oficialismo.
Morales, no se rinde. Sus abogados presentan un forzado Recurso Abstracto de Inconstitucionalidad, admitido y resuelto favorablemente por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Apelan a los incisos B y C del Art. 23 sobre derechos políticos consagrados por la Convención Interamericana de Derechos Humanos conocido como Pacto de San José: “Votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”. https://www.oas.org/dil/esp/
La habilitación de Morales y García Linera por el TCP, enfurece a la población y la oposición política. Los grandes medios de comunicación en manos de poderosos empresarios privados, inclinan su opinión favorable a la lucha de las novedosas plataformas ciudadanas conocidas ya como 21F. Todos los días, las calles se convierten en gritos de guerra reclamando respeto al veredicto de las urnas con la consigna: “Bolivia dijo No”.
El presidente acusa a medios de comunicación y periodistas de ser “principales enemigos del Proceso de Cambio”. (Sic) provocando reacciones en su contra con marchas de protesta en defensa de la libertad de expresión y el derecho de información.
Morales y García Linera, “contra viento y marea, se presentan a las accidentadas elecciones del 2019 en un ambiente de temor, incredulidad y pesimismo por el manejo inmoral de los mecanismos electorales y políticos. Los resultados del proceso electoral provocan una confrontación abierta sobre la verdad de los acontecimientos en octubre y noviembre de ese año dejando flotando una gigante interrogante, ¿fraude electoral o golpe de Estado?
La maquinaria informativa gubernamental, no logra contrarrestar la influencia ejercida por los grandes medios privados alentando la protesta social en las calles. Las plataformas ciudadanas vinculadas en redes sociales ganan territorio y convierten plazas y rotondas en cabildos populares para la toma de decisiones. Por primera vez, en Bolivia, se registra otra forma pacífica de desobediencia civil, en democracia.
El Poder Ejecutivo suspende partidas publicitarias del Estado como una forma de asfixiar económicamente a los medios de comunicación contrarios al régimen, logrando en parte su objetivo. La Asociación Nacional de la Prensa, recordó que en 13 años y 9 meses de gobierno de Morales y García Linera (2006-2019), ambos proclamaron públicamente que aplicaron sanciones contra medios independientes al excluirlos de la publicidad estatal, “porque no se doblegaron a las directrices editoriales emitidas desde el Poder Ejecutivo“.(El Deber, 3/3/2022).
Tras la renuncia de los primeros mandatarios y el ascenso de la señora Jeanine Áñez al poder, en noviembre de 2019, los grandes medios de comunicación privados auto declarados adversarios del MAS, personalizan su crítica en la figura de Evo Morales, menoscaban su origen étnico con opiniones clasistas y racistas.
“En términos sociológicos los q’aras o karayanas y mistis, han comenzado a construir la idea de que se ha recuperado la democracia y la libertad, supuestamente conculcadas por los indígenas, campesinos, obreros y sectores populares urbanos del país”, dice en defensa de Evo, el sociólogo y antropólogo aimara, Esteban Ticona. (“El odio al indio”, La Razón, 2/2/20).
La confrontación no tiene límite y se acrecienta incluso después del retorno del MAS al poder con el economista Luis Arce Catacora, quien se levanta victorioso en los comicios de octubre 2020.
La ANP, denuncia que el ex presidente (Morales) a través de la radio Kawsachum Coca, aludió al trabajo de los diarios El Deber, Página Siete y a los medios audiovisuales Unitel y Red Uno, afirmando que “esos medios de comunicación son peores que la bomba atómica, peores que la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), destrozan a los pueblos“. (Ibídem, El Deber)
García Linera, durante una entrevista en la cadena Telesur, con sede en Caracas, según la ANP, había dicho que los diarios Página Siete, Los Tiempos y El Deber,“apañaron, cobijaron y protegieron a la senadora ‘golpista’ (Jeanine Añez) que, con cuatro diputados y con protección policial y militar, se autoproclamó presidenta”, (Ibídem, El Deber).
El distanciamiento entre el poder mediático y el poder político, viene desde el primer gobierno de Evo Morales cuando se aprueba la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en 2007. En la Asamblea Constituyente ya se intenta liquidar la Ley de Imprenta de 1925, vigente en la actualidad, calificándola de obsoleta. El espíritu de la ley, sin embargo, subyace en el Estatuto Orgánico del Periodista (1984), el Código de Ética Periodística (1991) y normas de Autorregulación (2007) vigiladas para su cumplimiento por el el Tribunal Nacional de Ética Periodística, órgano que asume la autoridad para hacer respetar y proteger el derecho a la comunicación e información de la ciudadanía.
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