El Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia patrocinado por el Tribunal Supremo Electoral, TSE, constituye un principio de garantía para los comicios de 2025.
El acuerdo firmado para anular las elecciones primarias este año y priorizar las judiciales obliga a los aspirantes a la presidencia a cumplir su palabra en el marco del respeto a sus valores éticos y principios democráticos.
De hecho, las acciones del presidente del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Hassenteufel, tienen fuerza moral y principio de autoridad por su límpida trayectoria en el manejo de procesos electorales reconocida así por la ciudadanía y actores políticos.
Una democracia funciona con normas establecidas y reglas de juego sin excepciones ni privilegios respetando ideologías y las disposiciones vigentes administradas por el TSE son incuestionables y de cumplimiento obligatorio.
El control del poder se alcanza mediante voto secreto como expresión del soberano; el pueblo y el sistema de participación democrática garantiza la convivencia pacífica en una sociedad cuturalmente diversa con estricto apego a la ley.
De acuerdo con el ordenamiento jurídico del TSE sólo cuatro partidos políticos renovaron sus directivas: Frente Revolucionario de Izquierdo (FRI), Unidad Nacional (UN), Movimiento Social Demócrata (MSD) y Movimiento Tercer Sistema (MTS).
Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción Democrática Nacionalista (ADN), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Frente Para la Victoria (FPV) y Partido Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL) todavía incumplen la norma.
El dividido Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP), espera reconocimiento legal tras sufrir impugnación a sus directivas elegidas en los congresos de Lauca Ñ (evistas) y El Alto (arcistas). Los dos bloques están obligados a conformar una sola directiva de unidad, de lo contrario, hay riesgo de perder su sigla partidaria.
DIFICULTADES A LA VISTA
Carlos Mesa utilizó personería jurídica del FRI para conformar Comunidad Ciudadana, CC y participar en las elecciones de 2020, entonces, Mesa prometió organizar su propio partido con nombre de “Comunidad” para los comicios del 2025. Al presente no existe esa nueva estructura partidaria.
CREEMOS, surgida en Santa Cruz, es agrupación ciudadana con escasa presencia territorial en otras regiones del país y fue organizada para las elecciones de 2020 con personería jurídica de Unidad Cívica Solidaridad, UCS. Su vigencia fenece el 2025. El líder de CREEMOS, Luis Fernando Camacho, se encuentra encarcelado sin posibilidades de ser nuevamente candidato.
CC y CREEMOS, son alianzas coyunturales y cada bloque deberá convertirse en partido político con estatuto orgánico, sigla propia y un mínimo del 1.5% de militantes registrados en el padrón electoral de acuerdo con disposiciones del Organismo Electoral Plurinacional, OEP. Su futuro puede no ser promisorio.
El MAS-IPSP atraviesa por una alarmante crisis interna con enfrentamiento mediático entre Luis Arce y Evo Morales revelando evidente fragilidad en la coyuntura política con riesgo de ser marginado del proceso electoral ya en marcha para 2025.
El bloque popular nacional representado por el MAS-IPSP desde su victoria electoral en diciembre de 2005 está debilitado merced a las ambiciones personales y fanatismo ideológico por el control del poder sin importar a sus líderes el horizonte construido simbolizado en el primer Estado Plurinacional de América Latina.
Las bases filosóficas y doctrinales de este Estado Plurinacional y el ideario de “revolución democrática y popular” pregonado por Evo Morales que costó años de sacrificada lucha con muertos y heridos de pronto puede desmoronarse por error de cálculo o mezquindad política.
CANDIDATOS SIN PARTIDO
Más de una decena de precandidatos presidenciales sin partido político publicitan a diario su imagen utilizando redes sociales en busca de reconocimiento y credibilidad.
Curiosamente, hay partidos políticos tradicionales con sigla vigente reconocida por el TSE, pero sin candidatos ni el porcentaje de militancia requerida por ley. En estos casos se verán obligados a conformar alianzas mediante compromiso de cuotas de poder o recurrir al alquiler de sigla por oferta y demanda
Los partidos y agrupaciones opositoras al MAS-IPSP, perfilan sus propias expectativas sin definir liderazgo único ni concertar un frente amplio con capacidad de convocatoria.
El signo más claro es, simplemente, cada jefe de partido o dirigente político emergente se cree presidenciable y no cede el puesto a nadie como ya ocurrió en el proceso electoral de 2020. Sería fatal para ellos si algo similar sucede en 2025.
Grandes sectores de la población sin partido político que decisivamente pueden inclinar la balanza en los escrutinios buscan un candidato anti-MAS, nuevo rostro, credibilidad y programa anti sistémico superior al que sustenta el MAS-IPSP. El desafío está planteado.
ELECCIONES GARANTIZADAS
El TSE, hizo cumplir al presente sus disposiciones para el ejercicio y control del funcionamiento de partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos originario-indígena-campesinas y les reiteró el cumplimiento de las normas en vigencia para su participación electoral. Significa renovar sus directivas y actualizar sus estatutos hasta septiembre de este año.
La responsabilidad y seriedad demostradas por el TSE hace prever contra todo pronóstico pesimista que las elecciones del 2025 están garantizadas. La Ley 1096 del 1 de septiembre de 2018 faculta al Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, SIFDE, dependiente del Tribunal Supremo Electoral, efectuar supervisión permanente al funcionamiento de las organizaciones políticas cumpliendo el artículo 81 de la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).
Una democracia funciona como sistema político ideal cuando garantiza convivencia pacífica, sirve de contrapeso de poderes y evita derivas autoritarias. Divergencias ideológicas, lucha política de contrarios y conatos partidarios siempre existirán porque la controversia es necesaria para revitalizar la misma democracia.
Es mejor un sistema democrático fuerte y organizado frente a toda forma de totalitarismo o regímenes de fuerza donde se restringen libertades y violan derechos humanos.
Mantener, fortalecer y garantizar la vigencia de la democracia es obligación de todos, pero la mayor responsabilidad está en los senadores y diputados electos por voto popular quienes tienen el deber ineludible de mejorar su imagen y devolverle credibilidad a la Asamblea Legislativa Plurinacional como primer Órgano de Poder del Estado.
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