CRISIS DE CONFIANZA

Espiral de errores en el gobierno de transición, inexistente plan integral para frenar las consecuencias fatales del Covid 19, tensiones innecesarias entre Poder Legislativo y Alto Mando Militar y sistemático ataque al Tribunal Supremo Electoral, TPC, provocan crisis de confianza, que es multidimensional, muy superior a las crisis, sanitaria, económica y política, porque es de orden moral.

La crisis de confianza tiene que ver con falta de credibilidad, dignidad y valor civil, atributos de fe pública que tendrían que demostrar autoridades gubernamentales y actores políticos que pugnan por el control del poder sin poner en riesgo el Estado de Derecho.

Mientras el presidente del TSE, Salvador Romero, ratifica el 6 de septiembre como “fecha cerrada” para las elecciones nacionales, el ex líder cívico cruceño y candidato presidencial de la Alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, denuncia que “existe un pacto del Órgano Electoral con el MAS y partidos tradicionales para la nueva fecha de los comicios”, pretendiendo deslegitimar a ese poder.

Camacho no participó en la reunión convocada para concertar la fecha de elecciones entre fuerzas políticas y el TSE, ahora se conoce sus razones; además su compañero de fórmula, el ex dirigente cívico potosino, Marco Antonio Pumari, solitariamente hace campaña por el cierre del Parlamento. Camacho y Pumari, fueron detonantes para la caída de Evo Morales, su liderazgo en construcción, sin embargo, se empañó por sus propias contradicciones y la preferencia electoral cosechada como corolario de la crisis de octubre-noviembre, se fue desvaneciendo.

La presencia de los candidatos Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Luis Arce y delegados de otras fuerzas políticas en carrera electoral, avaló por mayoría y consenso la fecha del 6 de septiembre. Según el presidente del TSE, se garantiza la decisión adoptada y se trabaja ya en los “protocolos de salud” para garantizar la asistencia de los votantes a las urnas.

La presidenta del Estado, que también es candidata de la Alianza Juntos, solicitó una perentoria definición de fecha de elecciones, empero, otro integrante de la misma fuerza, Edwin Herrera, declaró su desacuerdo por razones de la emergencia sanitaria. ¿Al final quien tiene la última palabra?

Romero, descartó modificar la ley sobre escaños en la ALP y anunció que se garantizará el voto de los bolivianos en el exterior. Pero Oscar Ortiz, jefe de campaña de la Alianza Juntos, considera que el TSE debe establecer fecha de elecciones previa asesoría de expertos en epidemiología, buscando postergar su realización. ¿En quien confiar?

Los candidatos Mesa, Quiroga y Arce, afirmaron que la fecha de elecciones otorga certidumbre en medio de las crisis sanitaria, económica y política. Reconocen que el gobierno de la señora Añez es legal y constitucional, sin embargo, carece de legitimidad. La Presidenta ganó simpatía como artífice de la pacificación, pero sembró dudas al convertirse en candidata de Juntos, una alianza de los partidos de Rubén Costas, Samuel Doria Medina y agrupaciones ciudadanas del alcalde de La Paz, Luis Revilla y del gobernador de Tarija, Adrian Oliva.

En esta dimensión, la desconfianza tiene que ver con el manejo de recursos económicos del Estado. ¿Cómo distinguir gestión gubernamental de propaganda electoral? Ella prometió, con la Biblia en mano, garantizar elecciones limpias; ya no le es posible cumplir ese objetivo.

A la crisis de confianza se sumó la injustificada discrepancia entre el alto mando de las FF.AA. y el Poder Legislativo por el tema de los ascensos. Se llegó al extremo de afirmar que podría darse una democracia militarizada apoyada por EE.UU. En este ámbito sólo debe cumplirse los procedimientos de rigor sin violatoria de las normas establecidas en ambas instancias y devolver la tranquilidad a los bolivianos agobiados por la adversidad.

Provoca desconfianza, igual, el anuncio de una acción penal que encausaría el Procurador General del Estado contra el presidente del TSE, por no constituirse en parte querellante contra el ex presidente Evo Morales acusado de propiciar fraude electoral en octubre de 2019. El TSE, sabe de su responsabilidad constitucional frente a semejante pedido.

Salvador Romero, fue invitado por la presidenta Jeanine Añez, luego posesionado por el Poder Ejecutivo como primer vocal del TSE el 25 de noviembre de 2019. Su designación mereció múltiples elogios por su trayectoria y honestidad reconocidas. Romero es politólogo, investigador, escritor y consultor electoral en América Latina y el Caribe.

Costó reestructurar el TSE; recordemos el largo proceso de selección de candidatos a vocales, revisión de currículos para calificar meritocracia. El trabajo de Romero, al frente del TSE, es efectivo y de mucho respeto porque se desenvuelve en medio de la turbulencia. Los intentos de dañar su imagen son injustos y la Presidenta tendría que pronunciarse por un mínimo de consecuencia.

La campaña en contra del TSE no se justifica, en vista que, su trabajo está enmarcado a la Constitución y al propio reglamento del Órgano Electoral. Todo intento de entorpecer el proceso electoral en curso ya no es conveniente cuando se espera contar con un gobierno legítimo para enfrentar la pandemia y la reestructuración del aparato productivo nacional. Afortunadamente, en medio de la crisis de confianza, el presidente de NN.UU. Antonio Guterrez, respaldó la convocatoria a elecciones en Bolivia y anunció que brindará cooperación para el éxito de los comicios.