Las elecciones presidenciales previstas para el domingo 17 de agosto del 2025 serán garantizadas, siempre y cuando, el Tribunal Supremo Electoral mantenga sin variantes sus principios de autoridad, compromiso, seriedad y responsabilidad con el pueblo boliviano.
Afianzar respeto a la institucionalidad de los poderes constituidos significa cumplimiento obligatorio de las disposiciones legales en vigencia en materia electoral sin excusas ni concesiones y el TSE debe tener suficiente solvencia moral frente a toda forma de maniobra de los actores políticos interesados en alcanzar el poder político.
El calendario electoral establece una segunda vuelta el domingo 19 de octubre de 2025, dos meses después, si un candidato presidencial no alcanza el 50.1% de votos válidos o no sobrepasa la diferencia del 10% entre el primero y el segundo. “La posesión del nuevo o nueva presidenta será el 8 de noviembre de 2025”, anticipó el secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga.
Bolivia ya se encuentra en proceso electoral con fechas definidas en calendario oficial respetando normas previstas en la Ley Electoral. El TSE convocará a elecciones generales el 19 de abril del año 2025, seis meses antes del día de los comicios como dispone la Ley Electoral respaldada por la CPE.
Los once partidos con personería jurídica y las nuevas alianzas políticas interesadas en participar de los comicios nacionales están obligados a registrarse en el TSE hasta el día 21 de octubre del presente año.
Deberán avalar documentación verificable sobre sus directivas elegidas o renovadas en congreso orgánico, estatutos actualizados y contar con el 1.5% de militantes inscritos a nivel nacional de acuerdo con el último padrón electoral.
Los aspirantes a la Presidencia del Estado están obligados a cumplir la ley sin lugar a excusas ni esperar concesiones del TSE y de existir una posible amenaza de pérdida de personería jurídica de su organización política será por negligencia y falta de previsión de sus protagonistas.
El TSE, a la fecha, demostró solvencia en sus actuados al convocar y realizar con éxito el Encuentro Multipartidario Interinstitucional el 10 de julio, también con participaron representantes de organizaciones sociales, sindicales y campesinas donde casi por consenso se aprobó la celebración de los comicios judiciales el 1° de diciembre 2024.
En la misma ocasión se acordó anular las elecciones primarias, pese al rechazo y amenazas de un sector político con movilizaciones callejeras y provocar una convulsión social.
La norma fue sancionada por el Senado y el presidente Luis Arce promulgó la Ley 1578 de 19 de agosto 2024 disponiendo la suspensión de las elecciones primarias.
“Como Gobierno garantizamos los recursos necesarios para la realización de las Elecciones Judiciales el 1 de diciembre de 2024, tal como lo estableció el TSE, así las autoridades del Órgano Judicial serán elegidas por voto directo del pueblo boliviano, cumpliendo con nuestra Constitución Política del Estado. ¡El camino es y siempre será la democracia!”, dice la declaración oficial del presidente Arce.
Bolivia es el único país en el mundo en elegir autoridades judiciales mediante sufragio popular, de acuerdo con la Constitución Política del Estado vigente.
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