LAS URNAS Y EL NUEVO DESTINO

Numerosas organizaciones políticas inscritas en el Organismo Electoral Plurinacional, OEP, carecen de legitimidad, no tienen vida orgánica y son casi inexistentes, pero cobran relativa vigencia sólo en puertas de elecciones nacionales y subnacionales.

Paradójicamente, hay dirigentes políticos sin legitimidad, son obsoletos y oportunistas que ofrecen sus siglas partidarias en venta y en alquiler al mejor postor como si fueran simples mercancías.

Son inorgánicos, sin militancia política verificable, sin   directivas renovadas y sin estatutos actualizados. Tampoco sus fuentes de financiamiento son transparentes. Es la vieja partidocracia.

Precisamente, la ausencia de requisitos indispensables obligó al TSE a suprimir personería jurídica del Frente para la Victoria y PANBOL dejando en suspenso la vigencia del Partido Tercer Sistema, que, sin embargo, participa hoy coaligado a una Alianza Popular.

Johnny Fernández, de Unidad Cívica Solidaridad, UCS, se habilitó como candidato presidencial después de agotar in extremis, la posibilidad de entregarle su sigla al senador Andrónico Rodríguez si aceptaba a su hija Claudia Fernández como candidata vicepresidencial.

La novedad para los comicios 2025 son Movimiento de Renovación Nacional, MORENA, presidida por la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, SUMATE-Autonomía para Bolivia de Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba y Nueva Generación Patriótica, NGP

NGP, fundado por Edgar Uriona, nacido en Tarata y exitoso empresario boliviano en EE. UU., fue habilitado candidato vicepresidencial. Su invitado a presidente, Jaime Dunn, continúa observado al carecer de certificado de solvencia fiscal de la Contraloría General del Estado.

En el Partido Demócrata Cristiano, PDC, hay dos corrientes antagónicas; una respalda la candidatura presidencial de Rodrigo Paz Pereira y otra a Jaime Dunn, respectivamente. Una de ellas, persiste en impugnar a Paz Pereira ante el TSE.

Los partidos políticos en Bolivia reconocidos por el TSE adolecen de múltiples irregularidades e incumplen disposiciones legales en vigencia previstas en la Ley de Organizaciones Políticas,1096 y en la CPE.

Los procedimientos establecidos mediante Reglamento por el Tribunal Supremo Electoral. (Art. 49, Ley N. 026) son violados sistemáticamente. Por ejemplo, se incumple la nominación de binomios presidenciales (hombre-mujer o viceversa) y realización de elecciones primarias internas.

También, el Legislativo hasta hoy NO aprueba el recurso jurídico de preclusión para blindar las atribuciones del TSE, tampoco la norma que debe garantizar recursos económicos para el voto en el exterior.

Los nuevos poderes constituidos tienen obligación a futuro de revisar y modernizar la Ley Electoral para sancionar un vicio político que desnaturaliza el rol del sistema político llamado TRANSFUGIO.

Fue deplorable el transfugio de políticos saltando de una sigla a otra sin respetar sus principios ideológico-filosóficos ni su militancia partidaria primigenia durante el proceso de habilitación de candidatos.

Algunos connotados líderes políticos se dejan llevar por el fanatismo desenfrenado intentando transar hasta con sus verdugos del pasado para conseguir una sigla partidaria.

Hoy, la campaña electoral se caracteriza por una intensa narrativa mediática donde grandes medios de comunicación apoyan a candidatos de su preferencia y redes sociales difunden guerra sucia para desprestigiar al adversario.  

Frente a este panorama el TSE tiene el deber de organizar el debate presidencial obligatorio bajo rigurosas normas de participación, si es posible, emplazando a los postulantes a la silla presidencial a cumplir con este requisito fundamental.

En esta paradójica realidad y pese a las enormes contradicciones entre actores políticos renuentes a cumplir las Ley Electoral, el TSE ha ratificado su firme voluntad de garantizar las elecciones el 17 de agosto.  

Los partidos políticos en Bolivia reconocidos por el TSE adolecen de múltiples irregularidades e incumplen disposiciones legales en vigencia previstas en la Ley de Organizaciones Políticas,1096 y en la CPE.

Los procedimientos establecidos mediante Reglamento por el Tribunal Supremo Electoral. (Art. 49, Ley N. 026) son violados sistemáticamente. Por ejemplo, se incumple la nominación de binomios presidenciales (hombre-mujer o viceversa) y realización de elecciones primarias internas.

También, el Legislativo hasta hoy NO aprueba el recurso jurídico de preclusión para blindar las atribuciones del TSE, tampoco la norma que debe garantizar recursos económicos para el voto en el exterior.

Los nuevos poderes constituidos tienen obligación a futuro de revisar y modernizar la Ley Electoral para sancionar un vicio político que desnaturaliza el rol del sistema político llamado TRANSFUGIO.

Fue deplorable el transfugio de políticos saltando de una sigla a otra sin respetar sus principios ideológico-filosóficos ni su militancia partidaria primigenia durante el proceso de habilitación de candidatos.

Algunos connotados líderes políticos se dejan llevar por el fanatismo desenfrenado intentando transar hasta con sus verdugos del pasado para conseguir una sigla partidaria.

Hoy, la campaña electoral se caracteriza por una intensa narrativa mediática donde grandes medios de comunicación apoyan a candidatos de su preferencia y redes sociales difunden guerra sucia para desprestigiar al adversario.  

Frente a este panorama el TSE tiene el deber de organizar el debate presidencial obligatorio bajo rigurosas normas de participación, si es posible, emplazando a los postulantes a la silla presidencial a cumplir con este requisito fundamental.

En esta paradójica realidad y pese a las enormes contradicciones entre actores políticos renuentes a cumplir las Ley Electoral, el TSE ha ratificado su firme voluntad de garantizar las elecciones el 17 de agosto.  

En 2020, los partidos de oposición al MAS no pudieron conformar un solo frente con único candidato capaz de arrebatar el poder al oficialismo, debilitado al extremo tras la caída de Evo Morales en 2019 después de 21 días de resistencia civil.

Los mismos líderes conservadores de ayer, Jorge “Tuto” Quiroga y Samuel Doria Medina, según encuestas publicadas, hoy encabezan la intención de voto en alianza con partidos políticos que fracasaron con el gobierno transitorio de Jeanine Añez.

La oposición conservadora de hoy está dividida igual que 2020, sin embargo, la novedad es Manfred Reyes Villa, a quien sitúan algunas encuestas como primero en la preferencia electoral y se anticipa que podría ganar el derecho de concurrir a una segunda vuelta.

En el frente oficialista, el fraccionamiento es aún más patente por el desgaste político del gobierno del presidente Luis Arce, a quien responsabilizan de la división del MAS en tres bloques.

Las encuestas conocidas hasta hoy ubican al candidato de la Alianza Popular, Andrónico Rodríguez como tercera fuerza electoral y al candidato del MAS-IPSP, Eduardo del Castillo en la retaguardia. El otro MAS, conformado como EVO PUEBLO, espera definiciones a su favor.

Bolivia necesita paz social, estabilidad, crecimiento económico con justicia y seguridad ciudadana frente al crimen organizado.  Para el cumplimiento de estos objetivos poco interesa la ideología si el compromiso sin condiciones, es con la democracia.

En más de 40 años de vida democrática, la madurez política alcanzada exige un oficialismo y una oposición conscientes de su deber con Bolivia, que, siendo adversarios, sean propensos al diálogo constructivo.

Ningún presidente constitucional, como Luis Arce, había soportado un constante y planificado asecho buscando abortar su mandato mediante la renuncia anticipada, sin embargo, Arce prometió cumplir su gestión y entregar el mando de la nación al ganador de los comicios del 17 de agosto.

Numerosas organizaciones políticas inscritas en el Organismo Electoral Plurinacional, OEP, carecen de legitimidad, no tienen vida orgánica y son casi inexistentes, pero cobran relativa vigencia sólo en puertas de elecciones nacionales y subnacionales.

Paradójicamente, hay dirigentes políticos sin legitimidad, son obsoletos y oportunistas que ofrecen sus siglas partidarias en venta y en alquiler al mejor postor como si fueran simples mercancías.

Son inorgánicos, sin militancia política verificable, sin   directivas renovadas y sin estatutos actualizados. Tampoco sus fuentes de financiamiento son transparentes. Es la vieja partidocracia.

Precisamente, la ausencia de requisitos indispensables obligó al TSE a suprimir personería jurídica del Frente para la Victoria y PANBOL dejando en suspenso la vigencia del Partido Tercer Sistema, que, sin embargo, participa hoy coaligado a una Alianza Popular.

Johnny Fernández, de Unidad Cívica Solidaridad, UCS, se habilitó como candidato presidencial después de agotar in extremis, la posibilidad de entregarle su sigla al senador Andrónico Rodríguez si aceptaba a su hija Claudia Fernández como candidata vicepresidencial.

La novedad para los comicios 2025 son Movimiento de Renovación Nacional, MORENA, presidida por la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, SUMATE-Autonomía para Bolivia de Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba y Nueva Generación Patriótica, NGP

NGP, fundado por Edgar Uriona, nacido en Tarata y exitoso empresario boliviano en EE. UU., fue habilitado candidato vicepresidencial. Su invitado a presidente, Jaime Dunn, continúa observado al carecer de certificado de solvencia fiscal de la Contraloría General del Estado.

En el Partido Demócrata Cristiano, PDC, hay dos corrientes antagónicas; una respalda la candidatura presidencial de Rodrigo Paz Pereira y otra a Jaime Dunn, respectivamente. Una de ellas, persiste en impugnar a Paz Pereira ante el TSE.

Los partidos políticos en Bolivia reconocidos por el TSE adolecen de múltiples irregularidades e incumplen disposiciones legales en vigencia previstas en la Ley de Organizaciones Políticas,1096 y en la CPE.

Los procedimientos establecidos mediante Reglamento por el Tribunal Supremo Electoral. (Art. 49, Ley N. 026) son violados sistemáticamente. Por ejemplo, se incumple la nominación de binomios presidenciales (hombre-mujer o viceversa) y realización de elecciones primarias internas.

También, el Legislativo hasta hoy NO aprueba el recurso jurídico de preclusión para blindar las atribuciones del TSE, tampoco la norma que debe garantizar recursos económicos para el voto en el exterior.

Los nuevos poderes constituidos tienen obligación a futuro de revisar y modernizar la Ley Electoral para sancionar un vicio político que desnaturaliza el rol del sistema político llamado TRANSFUGIO.

Fue deplorable el transfugio de políticos saltando de una sigla a otra sin respetar sus principios ideológico-filosóficos ni su militancia partidaria primigenia durante el proceso de habilitación de candidatos.

Algunos connotados líderes políticos se dejan llevar por el fanatismo desenfrenado intentando transar hasta con sus verdugos del pasado para conseguir una sigla partidaria.

Hoy, la campaña electoral se caracteriza por una intensa narrativa mediática donde grandes medios de comunicación apoyan a candidatos de su preferencia y redes sociales difunden guerra sucia para desprestigiar al adversario.  

Frente a este panorama el TSE tiene el deber de organizar el debate presidencial obligatorio bajo rigurosas normas de participación, si es posible, emplazando a los postulantes a la silla presidencial a cumplir con este requisito fundamental.

En esta paradójica realidad y pese a las enormes contradicciones entre actores políticos renuentes a cumplir las Ley Electoral, el TSE ha ratificado su firme voluntad de garantizar las elecciones el 17 de agosto.  

Numerosas organizaciones políticas inscritas en el Organismo Electoral Plurinacional, OEP, carecen de legitimidad, no tienen vida orgánica y son casi inexistentes, pero cobran relativa vigencia sólo en puertas de elecciones nacionales y subnacionales.

Paradójicamente, hay dirigentes políticos sin legitimidad, son obsoletos y oportunistas que ofrecen sus siglas partidarias en venta y en alquiler al mejor postor como si fueran simples mercancías.

Son inorgánicos, sin militancia política verificable, sin   directivas renovadas y sin estatutos actualizados. Tampoco sus fuentes de financiamiento son transparentes. Es la vieja partidocracia.

Precisamente, la ausencia de requisitos indispensables obligó al TSE a suprimir personería jurídica del Frente para la Victoria y PANBOL dejando en suspenso la vigencia del Partido Tercer Sistema, que, sin embargo, participa hoy coaligado a una Alianza Popular.

Johnny Fernández, de Unidad Cívica Solidaridad, UCS, se habilitó como candidato presidencial después de agotar in extremis, la posibilidad de entregarle su sigla al senador Andrónico Rodríguez si aceptaba a su hija Claudia Fernández como candidata vicepresidencial.

La novedad para los comicios 2025 son Movimiento de Renovación Nacional, MORENA, presidida por la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, SUMATE-Autonomía para Bolivia de Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba y Nueva Generación Patriótica, NGP

NGP, fundado por Edgar Uriona, nacido en Tarata y exitoso empresario boliviano en EE. UU., fue habilitado candidato vicepresidencial. Su invitado a presidente, Jaime Dunn, continúa observado al carecer de certificado de solvencia fiscal de la Contraloría General del Estado.

En el Partido Demócrata Cristiano, PDC, hay dos corrientes antagónicas; una respalda la candidatura presidencial de Rodrigo Paz Pereira y otra a Jaime Dunn, respectivamente. Una de ellas, persiste en impugnar a Paz Pereira ante el TSE.

Los partidos políticos en Bolivia reconocidos por el TSE adolecen de múltiples irregularidades e incumplen disposiciones legales en vigencia previstas en la Ley de Organizaciones Políticas,1096 y en la CPE.

Los procedimientos establecidos mediante Reglamento por el Tribunal Supremo Electoral. (Art. 49, Ley N. 026) son violados sistemáticamente. Por ejemplo, se incumple la nominación de binomios presidenciales (hombre-mujer o viceversa) y realización de elecciones primarias internas.

También, el Legislativo hasta hoy NO aprueba el recurso jurídico de preclusión para blindar las atribuciones del TSE, tampoco la norma que debe garantizar recursos económicos para el voto en el exterior.

Los nuevos poderes constituidos tienen obligación a futuro de revisar y modernizar la Ley Electoral para sancionar un vicio político que desnaturaliza el rol del sistema político llamado TRANSFUGIO.

Fue deplorable el transfugio de políticos saltando de una sigla a otra sin respetar sus principios ideológico-filosóficos ni su militancia partidaria primigenia durante el proceso de habilitación de candidatos.

Algunos connotados líderes políticos se dejan llevar por el fanatismo desenfrenado intentando transar hasta con sus verdugos del pasado para conseguir una sigla partidaria.

Hoy, la campaña electoral se caracteriza por una intensa narrativa mediática donde grandes medios de comunicación apoyan a candidatos de su preferencia y redes sociales difunden guerra sucia para desprestigiar al adversario.  

Frente a este panorama el TSE tiene el deber de organizar el debate presidencial obligatorio bajo rigurosas normas de participación, si es posible, emplazando a los postulantes a la silla presidencial a cumplir con este requisito fundamental.

En esta paradójica realidad y pese a las enormes contradicciones entre actores políticos renuentes a cumplir las Ley Electoral, el TSE ha ratificado su firme voluntad de garantizar las elecciones el 17 de agosto.  

En 2020, los partidos de oposición al MAS no pudieron conformar un solo frente con único candidato capaz de arrebatar el poder al oficialismo, debilitado al extremo tras la caída de Evo Morales en 2019 después de 21 días de resistencia civil.

Los mismos líderes conservadores de ayer, Jorge “Tuto” Quiroga y Samuel Doria Medina, según encuestas publicadas, hoy encabezan la intención de voto en alianza con partidos políticos que fracasaron con el gobierno transitorio de Jeanine Añez.

La oposición conservadora de hoy está dividida igual que 2020, sin embargo, la novedad es Manfred Reyes Villa, a quien sitúan algunas encuestas como primero en la preferencia electoral y se anticipa que podría ganar el derecho de concurrir a una segunda vuelta.

En el frente oficialista, el fraccionamiento es aún más patente por el desgaste político del gobierno del presidente Luis Arce, a quien responsabilizan de la división del MAS en tres bloques.

Las encuestas conocidas hasta hoy ubican al candidato de la Alianza Popular, Andrónico Rodríguez como tercera fuerza electoral y al candidato del MAS-IPSP, Eduardo del Castillo en la retaguardia. El otro MAS, conformado como EVO PUEBLO, espera definiciones a su favor.

Bolivia necesita paz social, estabilidad, crecimiento económico con justicia y seguridad ciudadana frente al crimen organizado.  Para el cumplimiento de estos objetivos poco interesa la ideología si el compromiso sin condiciones, es con la democracia.

En más de 40 años de vida democrática, la madurez política alcanzada exige un oficialismo y una oposición conscientes de su deber con Bolivia, que, siendo adversarios, sean propensos al diálogo constructivo.

Ningún presidente constitucional, como Luis Arce, había soportado un constante y planificado asecho buscando abortar su mandato mediante la renuncia anticipada, sin embargo, Arce prometió cumplir su gestión y entregar el mando de la nación al ganador de los comicios del 17 de agosto.

Numerosas organizaciones políticas inscritas en el Organismo Electoral Plurinacional, OEP, carecen de legitimidad, no tienen vida orgánica y son casi inexistentes, pero cobran relativa vigencia sólo en puertas de elecciones nacionales y subnacionales.

Paradójicamente, hay dirigentes políticos sin legitimidad, son obsoletos y oportunistas que ofrecen sus siglas partidarias en venta y en alquiler al mejor postor como si fueran simples mercancías.

Son inorgánicos, sin militancia política verificable, sin   directivas renovadas y sin estatutos actualizados. Tampoco sus fuentes de financiamiento son transparentes. Es la vieja partidocracia.

Precisamente, la ausencia de requisitos indispensables obligó al TSE a suprimir personería jurídica del Frente para la Victoria y PANBOL dejando en suspenso la vigencia del Partido Tercer Sistema, que, sin embargo, participa hoy coaligado a una Alianza Popular.

Johnny Fernández, de Unidad Cívica Solidaridad, UCS, se habilitó como candidato presidencial después de agotar in extremis, la posibilidad de entregarle su sigla al senador Andrónico Rodríguez si aceptaba a su hija Claudia Fernández como candidata vicepresidencial.

La novedad para los comicios 2025 son Movimiento de Renovación Nacional, MORENA, presidida por la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, SUMATE-Autonomía para Bolivia de Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba y Nueva Generación Patriótica, NGP

NGP, fundado por Edgar Uriona, nacido en Tarata y exitoso empresario boliviano en EE. UU., fue habilitado candidato vicepresidencial. Su invitado a presidente, Jaime Dunn, continúa observado al carecer de certificado de solvencia fiscal de la Contraloría General del Estado.

En el Partido Demócrata Cristiano, PDC, hay dos corrientes antagónicas; una respalda la candidatura presidencial de Rodrigo Paz Pereira y otra a Jaime Dunn, respectivamente. Una de ellas, persiste en impugnar a Paz Pereira ante el TSE.

Los partidos políticos en Bolivia reconocidos por el TSE adolecen de múltiples irregularidades e incumplen disposiciones legales en vigencia previstas en la Ley de Organizaciones Políticas,1096 y en la CPE.

Los procedimientos establecidos mediante Reglamento por el Tribunal Supremo Electoral. (Art. 49, Ley N. 026) son violados sistemáticamente. Por ejemplo, se incumple la nominación de binomios presidenciales (hombre-mujer o viceversa) y realización de elecciones primarias internas.

También, el Legislativo hasta hoy NO aprueba el recurso jurídico de preclusión para blindar las atribuciones del TSE, tampoco la norma que debe garantizar recursos económicos para el voto en el exterior.

Los nuevos poderes constituidos tienen obligación a futuro de revisar y modernizar la Ley Electoral para sancionar un vicio político que desnaturaliza el rol del sistema político llamado TRANSFUGIO.

Fue deplorable el transfugio de políticos saltando de una sigla a otra sin respetar sus principios ideológico-filosóficos ni su militancia partidaria primigenia durante el proceso de habilitación de candidatos.

Algunos connotados líderes políticos se dejan llevar por el fanatismo desenfrenado intentando transar hasta con sus verdugos del pasado para conseguir una sigla partidaria.

Hoy, la campaña electoral se caracteriza por una intensa narrativa mediática donde grandes medios de comunicación apoyan a candidatos de su preferencia y redes sociales difunden guerra sucia para desprestigiar al adversario.  

Frente a este panorama el TSE tiene el deber de organizar el debate presidencial obligatorio bajo rigurosas normas de participación, si es posible, emplazando a los postulantes a la silla presidencial a cumplir con este requisito fundamental.

En esta paradójica realidad y pese a las enormes contradicciones entre actores políticos renuentes a cumplir las Ley Electoral, el TSE ha ratificado su firme voluntad de garantizar las elecciones el 17 de agosto.