En el vórtice del conflicto político social, las premoniciones malagüeras de portavoces del gobierno y de la oposición anunciaban golpe de Estado, toma de la Casa Grande del Pueblo y del Tribunal Supremo Electoral; acortamiento de mandato del presidente Arce y gobierno de transición constitucional presidido por Andrónico Rodríguez actual presidente del Senado.
Las temerarias afirmaciones decían también, habrá convocatoria a elecciones anticipadas, un plan para el asesinato de Evo Morales y guerra civil; sencillamente los presentimientos de un lado y otro se esfumaron. La sangre no llegó al rio, pero el conflicto político-electoral tampoco está resuelto.
La crisis interna del MAS-IPSP sólo podrá resolverse o agravarse después de conocer el pronunciamiento oficial del Tribunal Constitucional Plurinacional, TCP, en cuya instancia descansa la resolución de aceptar o rechazar el derecho de Evo Morales para ser candidato en las elecciones presidenciales de agosto 2024.
En la cresta de la ola, el vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi Quispe, ratificó que ninguna medida de presión o poder fáctico, refiriéndose a la movilización de Evo Morales, podrá obligar al Órgano Electoral Plurinacional a reconocer el congreso del MAS-IPSP de Lauca Ñ, tampoco suspender las sanciones previstas y la amenaza de anular la personería jurídica de este partido.
En Caracollo se organizó el llamado “Estado Mayor del Pueblo”, conformado por representantes de organizaciones sociales, obreras, mineras y campesinas y se nombró “comandante” a Evo Morales, quien ya ostentaba ese título entre sus seguidores desde el congreso de Lauca Ñ.
El régimen denunció a la comunidad internacional el objetivo de la marcha: imponer la candidatura de Evo Morales, romper el orden constitucional y forzar la renuncia de Arce y Choquehuanca.
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