El miércoles 27 de julio del pasado año, el movimiento cívico nacional reunido en Cochabamba, acordó propiciar diálogo permanente y concertación para pacificar el país ante aprestos de enfrentamiento sistémico entre el gobierno central y la dirigencia cívica de Santa Cruz por la aprobación del censo. El civismo, hoy tiene mayor responsabilidad frente al cabildo nacional anunciado para este miércoles 25.
La estrategia de diálogo con visión institucional futura, sin apasionamiento ideológico ni interés partidario, fue una medida acertada en ese momento para conjurar un conflicto de proporciones en ciernes que estaba a la vuelta de la esquina. Sensiblemente, sectores radicales cruceños asumieron posición contraria declarando paro cívico indefinido, bloqueo de rotondas, carreteras y cierre parcial de fronteras exigiendo censo 2023. Después de 36 días de paralización, violencia callejera con muertos y heridos, Santa Cruz no logró el objetivo esperado. El gobierno impuso su agenda.
El lunes 16 de enero se realizó otra reunión cívica en Santa Cruz, esta vez con presencia de representantes de plataformas ciudadanas, donde se aprobó convocar al cabildo cívico nacional simultáneo para aprobar medidas referidas al estado de derecho, libertad de presos políticos y vigencia de la democracia. Un comité impulsor también se propone abrir libros para recolectar firmas de la ciudadanía y solicitar vía referéndum la reforma judicial.
Los comités cívicos de Chuquisaca y Cochabamba se desmarcaron del cabildo y los alcaldes de Trinidad-Beni, Cristhian Cámara y El Alto, Eva Copa, impugnaron la organización de esa medida por ser política. “Nosotros no hemos sido partícipes de la reunión en la que se ha tomado la decisión (cabildo), por lo que difícilmente podríamos participar”, manifestó Apolinar Rivera, presidente del Comité Cívico de Cochabamba. El 17 de enero, el presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, Wilmar Aguirre, manifestó que en ese departamento necesitan trabajar y aseguró que el cabildo nacional del 25 será un fracaso. (Fuente: Página Siete Digital, 20/1/23)
Se sabe que el Comité Cívico de Cochabamba, negó su participación en la reunión de Santa Cruz, porque sus propuestas de conformar una comisión nacional de pacificación al más alto nivel con participación de instituciones representativas y aprobación de una ley de amnistía irrestricta para presos políticos mediante la Asamblea Legislativa Plurinacional, no fueron tomados en cuenta en anteriores encuentros del movimiento cívico.
El llamado al cabildo nacional es criticado por varios sectores por su carácter contradictorio y no contar con una agenda específica. Tras la aprehensión del gobernador de Santa Cruz, se declaró bloqueo indefinido de carreteras sin permitir la salida de productos de ese departamento, causando enormes daños a su propio aparato productivo y a la economía nacional. “Sin Santa Cruz no hay Estado”, era la consigna del Comité Cívico de Santa Cruz durante las violentas jornadas de protesta.
El radicalismo cívico ahora quiere revisar el estatus jurídico-económico de Santa Cruz con el Estado Nacional e imponer a base de la Ley de Autonomías el control regional sobre sus recursos; estrategia encubierta para impulsar el federalismo como sistema de gobierno involucrando al movimiento cívico su adhesión incondicional como mandato de un cabildo nacional.
Los comités cívicos son instituciones democráticas que se deben a sus afiliadas organizadas, sus resoluciones son aprobadas previa consulta en asamblea. Ningún directorio unilateralmente puede favorecer una causa, menos bajo influencia partidaria ni de caudillos circunstanciales. El civismo es una actividad con facultades y derechos políticos en defensa de los intereses económicos, sociales y culturales de sus regiones, sin tendencias ideológicas.
El movimiento cívico nacional, en julio 2022, apostó por el diálogo y la concertación para conseguir la pacificación y reconstrucción económica del país de común acuerdo con el sentimiento mayoritario de los bolivianos después de la penosa crisis política de noviembre de 2019 y la prolongada pandemia del C19, cuyas trágicas secuelas cuesta superarlas. De haber seguido esa visión institucional inspirada en Cochabamba, con seguridad el país se hubiera ahorrado días de luto, zozobra y pérdidas económicas.
El civismo debe volver a propiciar el diálogo nacional para pacificar el país y no ceder ante las presiones políticas polarizadas y confrontadas que amenazan la estabilidad de la democracia. Su responsabilidad es altamente moral ante la mayoría nacional sin filiación partidaria.
“La Constitución Política del Estado reconoce en su artículo 11 que el cabildo es una forma de ejercicio de la democracia, pero aclarando que “las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley”; a su vez, la Ley 26, del Régimen Electoral, en su capítulo tercero norma esta forma de democracia directa, señalando que no puede tener carácter vinculante, que las autoridades deben prestar atención a las determinaciones que se asuman, e instruye al Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) hacer acompañamiento e informar sobre los resultados y la cantidad de asistentes”. (Fuente: La Razón Digital, 19/1/23/)
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