OBLIGATORIO VOTAR, OBLIGATORIO DEBATIR

El 31 de diciembre de 2019, la presidenta Jeanine Áñez envío a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de Ley 026 planteando la obligatoriedad de aplicar el debate público entre candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de Bolivia, previo a las elecciones nacionales del 3 de mayo de 2020 con el argumento de fortalecer la “democracia informada”.

El proyecto tiene su razón de ser: todo debate busca esclarecer ideas, propuestas y programas de gobierno entre quienes buscan llegar al mando de la Nación. “Un debate es la discusión en la que dos o más personas opinan acerca de uno a varios temas y en la que cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones e intereses”, define Google.

Áñez espera que el debate político electoral contribuya a identificar la mejor propuesta de un determinado candidato. Es saludable para la democracia, plausible para ejercitar un voto consciente a la hora de estar frente a la mesa electoral y es de esperar que la Asamblea Legislativa Plurinacional no obstaculice su aprobación.

El debate electoral entre candidatos está ausente del ejercicio democrático desde el 2003 por falta de ejercicio práctico y a lo largo de los nuevos períodos electorales se anquilosó y murió por inanición. La inercia de los candidatos sólo llegó al desafío mediático, nunca a un verdadero cuadrilátero donde el pueblo debía ver quien golpeaba mejor y quien era frágil en ideas, posturas y hasta en el estilo de vestir.

La crisis de octubre formó una nueva consciencia democrática y las reglas del juego no pueden ser impuestas unilateralmente por los contendientes sino también por los protagonistas que son los votantes que esperan respuesta positiva. Sería frustrante y una traición al mandato popular si uno o dos candidatos rechazan la propuesta de la jefa de Estado o la ALP posterga el proyecto de manera deliberada. Es inadmisible que algunos portavoces de los posibles aspirantes a la Presidencia crean innecesario un debate, peor si es de cumplimiento obligatorio. El debate, según ellos, debe ser voluntario no coercitivo. ¿Cómo saber la talla intelectual, integridad moral y ética de un candidato al más alto cargo público del país cuando es imposible conocerlo de cuerpo entero?

Fue reprochable en el pasado que el ex vicepresidente Álvaro García Linera respondiera con notable soberbia que podía debatir de una sola vez contra cuatro o más candidatos opositores a su partido. “Uno contra todos”. Una forma elegante aunque burda de escapar a un debate de “igual a igual”. Sólo para el efímero recuerdo, García se presentó a un debate auspiciado por la Red Uno a principios de octubre de 2019 frente a Shirley Franco del Partido Social Demócrata y Gustavo Pedraza de Comunidad Ciudadana. Ese debate fue sólo a nivel de candidatos vice presidenciables por la negativa del candidato presidencial Evo Morales que prefería según su lógica solo “debatir con el pueblo”.

Hoy no existe hegemonía de poder como para apelmazar el derecho del elector a saber “quien es quien” mediante un saludable debate. Tampoco hay argumento válido para negarse a cumplir la obligación de confrontar ideas porque en democracia, derechos, obligaciones y deberes son actos de conciencia cívica que ayudan a construir una determinada visión de país de beneficio colectivo.

Debate honesto y valiente entre candidatos tiene que ver con libertad y soberanía de la Nación y su autodeterminación. La información es poder y una sociedad bien informada siempre es más democrática y es garantía para unas elecciones transparentes y libres. Sería hasta un acto de cobardía si los aspirantes no aceptan discutir “cara a cara” sus propuestas y programas de gobierno.

Además, como propone el gobierno transitorio, el debate obligado y público será mediante los medios de comunicación estatales, a las que tendrían que sumarse por iniciativa propia los otros medios de comunicación privados tomando cadena en horario estelar como un aporte a la certidumbre de un proceso electoral que se espera tenga contornos de fiesta superando los escenarios traumáticos de anteriores elecciones que solo causaron angustia.

Si la actual Constitución Política del Estado obliga a la ciudadanía a concurrir a las urnas bajo medidas punibles es honesto obligar los candidatos a debatir frente al público sus planes de gobierno. Por tanto, está en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional honrar su mandato aprobando sin atenuantes el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para modificar la Ley Electoral haciendo viable el desafío hacia sana confrontación de ideas.