Con esta narrativa, el mandatario promete “desideologizar la economía” para atraer inversiones extranjeras, frenar el déficit fiscal y garantizar certidumbre jurídica. Sin embargo, este postulado plantea un falso dilema entre el bienestar material y el pensamiento político, ignorando la profunda identidad popular y anticapitalista arraigada en Bolivia.
La propuesta oficialista de reconfigurar el modelo económico boliviano mediante préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI), bajo la oferta de un “capitalismo para todos” y la redistribución del Tesoro General de la Nación (TGN) en un esquema 50/50 hacia el federalismo, enfrenta una dura resistencia. Detrás del pragmatismo tecnocrático y la eficiencia gerencial del Ejecutivo, se vislumbra una ideología de corte neoliberal.
Actualmente, el país atraviesa una aguda crisis económica caracterizada por la escasez de carburantes, la falta de dólares y el incremento de precios en la canasta familiar. Ante el complejo escenario de un posible retiro de las subvenciones a la gasolina, al GLP y a la electricidad, urge asumir un desafío estructural para el futuro democrático: encontrar un equilibrio donde la eficiencia técnica no termine por silenciar la pluralidad nacional. La economía sostiene el aparato material del país, pero son los valores políticos los que definen su cohesión social.
“Somos lo que hacemos”
Diversos analistas refutan la supuesta neutralidad del Gobierno, advirtiendo que gestionar únicamente la urgencia inmediata, sin una visión de país a largo plazo, pone en riesgo conquistas históricas del Estado Plurinacional. La fe ciega en el libre mercado como único regulador social evoca las políticas de privatización y relocalización obrera de las décadas de los 80 y 90.
“El gobierno actual tiene ideología; abraza un modelo ultraconservador, toma como referente el liderazgo del presidente estadounidense Donald Trump y se alinea al esquema del ‘Escudo de las Américas’ en su combate al narcoterrorismo”, señala el politólogo Amílcar García. Según García, el empeño presidencial en posicionar una gestión supuestamente ajena a la izquierda o la derecha genera incertidumbre sobre el futuro estratégico de recursos como el litio y las tierras raras.
Por su parte, el analista político de tendencia centrista, Franklin Pareja, afirma: “Querer sostener que la ideología no da de comer es un error. Las ideologías otorgan claridad conceptual, teórica y filosófica a los gobiernos. Los proyectos políticos que dicen carecer de ella no representan un Norte”.
En esa misma línea, el sociólogo Antonio Fernández sostiene que “somos lo que hacemos” y observa que la praxis del mandatario se caracteriza por cuestionar el modelo económico y la Constitución de 2006 utilizando calificativos como “Estado tranca”. Para Fernández, Paz gobierna principalmente para los sectores económicamente más poderosos del país, camuflando su agenda política detrás del concepto de “gestión”.
Conflicto permanente
Rodrigo Paz llegó a la presidencia identificado como una figura de centro, tras fuertes pugnas internas por la sigla del Partido Demócrata Cristiano (PDC), una tienda política históricamente de centroizquierda que participó en coaliciones de diversa tendencia. El propio árbol genealógico del mandatario conecta con las contradicciones de la historia boliviana: en la guerrilla de Teoponte de 1970, bajo el gobierno del general Alfredo Ovando Candia, combatió y murió el exseminarista Néstor Paz Zamora, tío del actual jefe de Estado.
Hoy, la realidad del Ejecutivo es de fractura. Desde el inicio del mandato, el presidente Paz mantuvo desencuentros —primero sutiles y luego frontales— con el vicepresidente Edman Lara, quien se declaró abiertamente opositor a través de sus redes sociales, dinamitando cualquier espacio de diálogo interno.
Esta división se refleja en las calles. Desde agosto pasado, Bolivia vive bajo un estado de excepción de facto, con un fuerte despliegue policial y militar en las carreteras troncales para contener los bloqueos de movimientos campesinos afines al expresidente Evo Morales, quienes exigen la anulación de los decretos que encarecen el costo de vida.
En este clima, el debate racional ha sido desplazado por discursos polarizantes basados en la lógica del “nosotros contra ellos”.
Retomar el debate
Para restablecer la gobernabilidad es indispensable analizar las dos dimensiones que fracturan la realidad nacional. Desde el sector empresarial, un expresidente del gremio privado —bajo reserva de identidad— defendió la postura del Ejecutivo: “La gestión técnica eficiente garantiza producción, alimentos y estabilidad de precios. Las huelgas y los bloqueos paralizan el desarrollo”. Según esta perspectiva, el presidente está facultado para plantear un nuevo modelo económico debido a los resultados fiscales de las últimas dos décadas administradas por el MAS.
En contraposición, el dirigente vecinal Roberto Unzueta plantea la urgencia de reabrir un debate nacional sobre los proyectos de futuro. “¿Cómo diferenciar la crítica legítima de la descalificación de las culturas e identidades indígenas y populares?”, cuestiona, advirtiendo que la plurinacionalidad y la interculturalidad deben ser herramientas de convivencia y no trincheras para el separatismo o la discriminación.
La transformación estructural que busca el gobierno de Rodrigo Paz no será sencilla. Implica una reforma profunda en la producción y distribución de la riqueza, así como modificaciones normativas para avanzar desde el centralismo hacia la cogestión de ingresos con gobernaciones, alcaldías y universidades.
Tras veinte años de un modelo estado céntrico, consensuar un nuevo régimen económico por la vía del debate democrático —e incluso mediante la convocatoria a un Referéndum Nacional concertado— mediría la madurez política de la democracia boliviana. Frente a los polos fácticos que intentan imponer sus posiciones por la fuerza, la institucionalidad y la concertación aparecen como las únicas vías de salida en esta hora crucial.
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