“En el caso de Bolivia, las Fuerzas Armadas, subordinadas en principio al poder político, le “sugirieron” al presidente que “renuncie a su mandato presidencial”. Morales dimitió a las pocas horas. Se trata de un golpe de Estado, aunque se busquen eufemismos. Y no hace falta esperar 40 años para decirlo”, escribe el periodista y sociólogo argentino, Pedro Brieger, autor de más de siete libros y colaborador en publicaciones sobre temas internacionales. (https://cnnespanol.cnn.com/2019)
Tres meses antes, el Gral. Williams Kaliman, , en agosto de 2019, durante una demostración militar por el Día de las Fuerzas Armadas, había jurado lealtad al “proceso de cambio”. Kaliman era visto como un jefe castrense leal al régimen de Morales y en noviembre de 2019 se esperaba una enérgica respuesta de su parte contra los insurrectos para restaurar la paz. Aparentemente, cuando los acontecimientos estaban al rojo vivo, Kaliman y el Alto Mando Militar, ya no obedecían la autoridad de su Capitán General.
La hipótesis de los grupos radicales del MAS, ante la encrucijada descansaba en tres factores. Primero decretar estado de excepción y detener a Luis Fernando Camacho por sedición; segundo, disponer el cambio inmediato del Alto Mando Militar; tercero, postergar las elecciones nacionales y retirar la candidatura de Evo Morales. O nadie tomó en cuenta esa estrategia, o la cúpula del poder sabía que después del pronunciamiento de la OEA, su posición frente a la oposición era insostenible.
En ese instante de máxima tensión, el grado de inacción de la COB y de las FF.AA. era paradójico y preocupante. Curiosamente, ambos factores de poder habían coincidido con horas de diferencia en una misma posición: pedir la renuncia del Presidente, “en aras de la tranquilidad y evitar un enfrentamiento entre bolivianos”. Alguien sabía que el mejor camino era la renuncia y no un clásico golpe de estado con tanques en las calles y jefes militares rebeldes visibles ante los medios de comunicación. Se trataba de otro estilo de tumbar un gobierno contrario a los EE.UU.
Cuando las fuerzas de izquierda retomaron el control político vía elecciones en los primeros años del presente siglo, impulsando la tesis del Socialismo del Siglo 21, acuñado en Venezuela por Hugo Chávez, Estados Unidos utilizó sutiles estrategias y mecanismos seudolegales para liquidar a sus enemigos matizando la naturaleza de los golpes de Estado. Por ejemplo, cobró vigencia el conocido “impeachment” (término inglés) juicio político vía congresal y complicidad judicial fabricando cargos punibles para alejarlos del poder. Ahí están los casos de Manuel Zelaya en Honduras (2009) Fernando Lugo en Paraguay (2012) y Dilma Rousseff en Brasil (2016).
“El supuesto fraude electoral de Morales, y la aceptación de su partido de que se realicen nuevas elecciones sin él, hacen que resulte difícil llamar golpe de Estado a su destitución. El comportamiento de Áñez hace que resulte difícil no llamarlo golpe de Estado”, dice el periodista y escritor norteamericano, Jon Lee Anderson. Su opinión fue publicada en The New Yorker, en inglés, en la edición impresa del 23 de Marzo del 2020, con el título “The Burnt Palace”, traducido al español por Daniel Saldaña, desde Paris.
Una afrenta de las FF.AA al régimen constitucional, en esa funesta hora, le hubiera valido al Gral. Kaliman, una acusación de insubordinación y sedición contra el orden establecido. Kaliman no ordenó la salida del ejército mientras Evo seguía de presidente y recién enfrentó un proceso por incumplimiento de deberes ordenado por el gobierno de facto tras dejar su cargo.
Después, el jefe de la Casa Militar impuso la Banda Presidencial a la senadora Jeanine Añez, reconociendo su investidura. La nueva Presidenta nombró otro Alto Mando Militar y designó comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, al Gral. Sergio Orellana.
El nuevo Alto Mando Militar, amparado en el DS 4078, ordenó la salida del ejército y provocó muertos y heridos en Sacaba y Senkata, utilizando sus armas reglamentarias amparadas en la inmunidad penal. La medida, derogada por su alto costo y fuerte cuestionamiento internacional, finalmente obligó al gobierno aceptar la realidad y anunciar su intención de indemnizar a las familias de las víctimas fatales.
“Evo calculó mal —el amotinamiento policial era irreversible—, se empecinó en la re-reelección, y el tiempo, a través de encuestas de distintos calibres, ya se encarga de demostrar que el MAS podía haber triunfando con otro candidato, dejando de lado ese empecinamiento consistente en desconocer la voluntad ciudadana expresada en las urnas el 21F16”, dice el periodista Julio Peñaloza Bretel, uno de los cercanos colaboradores del presidente renunciante. (La Razón Digital /14/6/20)
La presidenta Áñez, sintiéndose victoriosa en su misión de transición alabó a las FF.AA, por su apoyo y en un discurso público sostuvo: “Pocos ejércitos en la historia logran autoridad moral. Normalmente las fuerzas militares en la historia se limitan a representar la fuerza física, el potencial bélico (…). Nuestra patria tiene unas Fuerzas Armadas que son respetadas por la autoridad moral que se ganaron defendiendo la democracia y defendiendo la salud de la gente; no es para menos”, (Página Siete Digital 20/7/20).
“La historia latinoamericana ha demostrado con creces que el debate no es semántico ni académico, sino político. Existen múltiples definiciones de lo que es un “golpe” a secas, “golpe de Estado” o “golpe militar” según quien la use, pero ninguna de ellas se dice en abstracto y su utilización depende de definiciones ideológicas y políticas. De hecho, quienes llevan adelante un golpe no suelen utilizar esta expresión, más bien todo lo contrario, por lo general dicen que lo hacen para “normalizar” el país y convocar en algún momento a elecciones”. ( Jon Lee Anderson, Ibídem)
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