La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en Audiencia Pública, el día 5 del presente escuchó el pedido de organizaciones de la sociedad civil boliviana sobre el fallo del TCP que autoriza la re postulación de Evo Morales y Álvaro García Linera apoyándose en un artículo del Pacto de San José y la aprobación del binomio por el TSE. También escuchó el alegato de representantes del Estado Plurinacional, mientras en Bolivia crece la tensión política por el anuncio de un nuevo paro cívico nacional contra el intento prorroguista y se organizan nuevos piquetes de huelga de hambre.
El ex presidente Jorge Quiroga Ramírez, en una entrevista con el periodista Fernando del Rincón de CNN, en Estados Unidos, dijo que presentó un proyecto de resolución de 10 páginas redactado por su persona emplazando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de NN.UU. no dilatar su decisión sobre la interpretación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos que ya fue utilizado por presidentes de cuatro países en la región para re postularse. Quiroga le dijo a CNN que en Bolivia se asestó un “golpe judicial constitucional”. Por su lado el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa dijo a otra cadena televisiva internacional: “Ya son cuatro países que han usado ese artículo de una manera francamente inaceptable. Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Bolivia, en el caso de Bolivia con el agravante de que acá hay un referendo”.
El experto en derecho internacional Sergio Castro explicó que si bien las resoluciones de la CIDH y la Corte Internacional de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio, los tiempos en que se tramitan no tienen fechas definidas. Otros entendidos, dicen que cuando el proceso es contencioso el procedimiento dura al menos dos años; cuando es consultivo seis meses, proceso que también fue solicitado por el candidato de los Demócratas, Oscar Ortiz y delegados de dos fundaciones representadas por José Antonio Rivera, Waldo Albarracín, Rubén Darío Cuellar y Mauricio Alarcón. Defendieron al Estado Plurinacional en esa audiencia, Héctor Arce, ministro de Justicia, el canciller Guido Pari, el Procurador del Estado Pablo Menacho y el embajador ante la OEA, Alberto “Gringo” Gonzales. Arce expresó optimismo porque el Gobierno había cumplido con los requisitos.
El pasado lunes 17, una comisión política encabezada por el diputado Wilson Santamaría, presentó una denuncia y solicitud de proceso penal a los vocales del TSE, por violar normas constitucionales habilitando a Evo Morales y Álvaro García como candidato del MAS para las elecciones de 2019, binomio calificado de ilegal. Se sumó a esa demanda el diputado Rafael Quispe, quien aseguró (Panamericana 17/12/18) que Evo y Álvaro no serán reelectos. Aparentemente las acciones judiciales se cumplieron en la vía correcta y en plazos establecidos, sensiblemente no hay respuesta inmediata de los tribunales respectivos, tanto internacionales como del TCP de Bolivia. Los dirigentes del MAS, afirman que la habilitación de su binomio está respaldado por un fallo inapelable del TCP que es de cumplimiento obligatorio. Este escenario tensiona al país y exige a los jefes políticos madurez y consecuencia. Nadie, excepto los extremistas de izquierda y derecha además de los anarquistas de siempre, buscará sepultar la democracia.
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