En agosto de 1981, después de la renuncia del Gral. Luis García Meza Tejada, las FF.AA. disponen su relevo y una Junta Militar designa al Gral. CelsoTorrelio Villa como nuevo Presidente de Bolivia en medio de una aguda crisis económica y social que urgía dar una solución a la inflación en ciernes, inclusive disponiendo la “flotación del dólar y sustituir los billetes por cheques de gerencia cuyo resultado generó una situación descontrolada en el país y la pérdida de su imagen.
Frente a esta situación, las FF.AA. se ven obligadas a disponer el relevo del Gral. Torrelio y designar al Gral. Guido Vildoso Calderón como nuevo Presidente de la República, el 21 de julio de 1982, con el expreso encargo de convocar a elecciones generales en plazo prudente.
Vildoso que pretendía llamar a nuevas elecciones para abril de 1983 proponiéndose superar la crisis económica convocó a una reunión en las instalaciones del Banco Central a dirigentes de diversas organizaciones sociales representadas por la Central Obrera Boliviana, COB, y la Federación de Mineros para establecer concertaciones políticas con miras a las elecciones nacionales del siguiente año.
El dirigente minero Filemón Escobar y el líder de la COB, Juan Lechín Oquendo, explicaron al presidente Vildoso que la crisis política y económica del país no podía extenderse por más tiempo, menos llevar adelante nuevas elecciones nacionales.
Escobar y Lechín, entonces, plantearon al presidente del Gobierno Militar que la única salida a la crisis política era reconocer los resultados del Congreso de 1980, puesto que en las elecciones generales del domingo 29 de junio de 1980, habían ganado los candidatos de la Unidad Democrática y Popular, UDP, Hernán Siles Zuazo y Jaime Paz Zamora. Al no alcanzar mayoría en las urnas debían ser elegidos como nuevos mandatarios durante un Congreso Nacional, el 6 de agosto de 1980.
Pero, el golpe de Estado encabezado por el Gral. Luís García Meza Tejada, anuló ipso-facto todos los resultados de las elecciones generales y el acuerdo concertado para elegir a las máximas autoridades a través del Congreso Nacional.
En la reunión convocada por el presidente Vildoso, en el Banco Central, la tesis de reconocer la validez del Congreso 80 fue planteada por Escobar y Lechín. El Gral. Vildoso, siendo un militar muy decente y con alto espíritu patriótico, entendió que era la única salida la convocatoria al Congreso 80 y convenció al estamento militar que debía acortar su mandato. La iniciativa de Vildoso, fue una medida histórica que devolvería al país la paz social y el retorno de la Democracia en Bolivia el 10 de Octubre de 1982 y cuya vigencia se extiende por 42 años, con una breve interrupción entre noviembre de 2019 y octubre de 2020.
CONCESIONES MINERAS
El 13 de septiembre de 1997, durante el gobierno democrático del Gral. Hugo Banzer, se realizó en Lauca Ñ, trópico de Cochabamba, un Encuentro Nacional de Corregidores donde estuvieron presentes Evo Morales y Filemón Escobar, donde fueron invitados representantes del Centro de Estudios Jurídicos, CEJIS, quienes explicaron el incumplimiento de los Reglamentos Ambientales y la Ley del Medio Ambiente de 1992, por parte del Estado, referidos a las prohibiciones de otorgar concesiones mineras y petroleras en áreas protegidas y reservas ambientales, como era el caso de la Reserva Forestal del Itenez, en el Departamento del Beni.
La preocupación fue expresada por los dirigentes de la Subcentral Indígena del Itenez sobre concesiones auríferas en su territorio, sin habérseles realizado la consulta previa, contraviniendo también las medidas del la Ley INRA del año 1996 de no afectación e inmovilización, hasta tanto no se realicen los trabajos de Saneamiento de la Tierra Comunitaria Indígena, TCO, del Itenez, en el marco de las resoluciones que se comprometió el Estado boliviano después de la Primera Marcha Indígena en 1990 durante el gobierno de Jaime Paz Zamora.
En esa oportunidad, Filemón Escobar planteó la necesidad de solicitar al gobierno de Hugo Banzer la revisión y en su caso, la reversión de las concesiones mineras auríferas que había determinado Gony Sánchez durante su gobierno a favor de la empresa suiza Glencore en el Departamento del Beni, en la región del Itenez favoreciendo también a COMSUR de la cual era accionista.
El Encuentro de Corregidores de Lauca Ñ, sacó una resolución pidiendo al Estado revertir las concesiones mineras y petroleras en las tierras comunitarias de Origen, TCO. La solicitud de los corregidores fue atendida por el gobierno de Banzer, disponiéndose la reversión de las concesiones mineras en esas regiones por contravenir el Código Minero de 11 de abril de 1991.
A partir de entonces, se establecieron nuevas reglas administrativas de concesiones mineras mediante la participación del Estado en la modalidad de Riesgo Compartido. Al final, fueron revertidas las concesiones mineras auríferas de COMSUR de la región del Itenez en favor del Estado. Así, Filipo fue protagonista de dos estrategias, una junto a Juan Lechín y otra con Evo Morales, para restituir justicia y dignidad.
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