EQUILIBRIO DEL PODER SIN HEGEMONÍAS

Paz, propugna la descentralización política, administrativa y financiera de los recursos del TGE proponiendo 50/50 para cada región de acuerdo con su densidad demográfica y definiendo competencias.

El 50/50 significa poner en marcha la tesis del federalismo eliminando el centralismo que en criterio Paz Pereira, significa la principal traba para el desarrollo regional y lo llama “Estado Tranca”. Pero no se descarta caos social por la complejidad de la medida en ciernes.

En casi cinco meses, el gobierno enfrentó serios problemas derivados de problemas domésticos aún no resueltos como el caso de la llamada gasolina “basura” por los transportistas que desconfían de la calidad del combustible.

El gobierno aprobará un conjunto de profundas medidas estructurales referidas con la situación económica y financiera entre ellas leyes sobre hidrocarburos, minería, litio y aprovechamiento de tierras raras apetecidas por consorcios tecnológicos.

Los nuevos desafíos serían controversiales, sobre todo, el proyecto 50/50 por las posibles consecuencias con regiones altamente conflictivas como Santa Cruz donde la medida debería entrar en vigor ya mismo porque ese departamento tiene aprobada su carta autonómica.

En los hechos, el 50/50 ya provocó la renuncia obligada de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, sólo por haber adelantado el criterio del gobierno sobre requisitos a cumplir por las regiones para merecer mayores recursos del Estado.

En apariencia, sería diferente el tratamiento con una mayoría de los departamentos donde no se logró avanzar ni siquiera en la redacción de sus estatutos autonómicos.

La propuesta electoral 50/50 es ideal en un Estado con larga tradición de Federalismo. Bolivia no tiene mínima experiencia y es posible una reacción adversa y peligrosa en cadena.

El gobierno, sin embargo, ahora tiene ventaja en medio de la diversidad de liderazgos políticos sin amenaza de una hegemonía partidaria saboteando desde el Parlamento Nacional y desde las carreteras.

En democracia, el equilibrio de poder económico y político depende de la transparencia y coherencia del gobierno y una apertura sincera hacia el diálogo y la concertación.

“La transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos pueden ayudar a prevenir la corrupción y el abuso de poder”, afirman los expertos.

La transparencia exige rigor ético en el manejo del Estado y ejercicio del poder. La ciudadanía tiene derecho al escrutinio y la denuncia basada en la verdad  sobre hechos irregulares corresponde a los medios de prensa en su servicio público.

Una democracia fuerte se basa en la separación de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial para evitar la concentración y abuso del poder. En este contexto se contemplan la libertad de prensa y expresión para promover la transparencia y la rendición de cuentas.

Afortunadamente hay consenso entre legisladores y gobierno de modernizar la Ley de Organizaciones Políticas y la Ley Electoral, al comprobar desconocimiento a sus propias normas en las tres últimas elecciones.

Contar con partidos políticos fuertes y competitivos, practicar alternancia en el poder y ser contrapeso del gobierno de turno para evitar la hegemonía de un solo partido, sería lo ideal.

El equilibrio supone respeto a las instituciones independientes como el Banco Central, Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Tribunal Electoral, cuyas autoridades deben ser elegidas en la ALP de acuerdo con la Constitución.

Igualmente es importante la participación de la sociedad civil organizada para influir en las decisiones del manejo de Estado; rechazando o aceptado las medidas de gobierno sobre asuntos vitales que importa soberanía, dignidad, justicia y libertad.

“En resumen, el equilibrio de poder económico y político en una democracia depende de la combinación de factores institucionales, sociales y económicos que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana”, afirman los expertos.

En democracia, el equilibrio de poder económico y político depende de la transparencia y coherencia del gobierno y una apertura sincera hacia el diálogo y la concertación.

“La transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos pueden ayudar a prevenir la corrupción y el abuso de poder”, afirman los expertos.

La transparencia exige rigor ético en el manejo del Estado y ejercicio del poder. La ciudadanía tiene derecho al escrutinio y la denuncia basada en la verdad  sobre hechos irregulares corresponde a los medios de prensa en su servicio público.

Una democracia fuerte se basa en la separación de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial para evitar la concentración y abuso del poder. En este contexto se contemplan la libertad de prensa y expresión para promover la transparencia y la rendición de cuentas.

Afortunadamente hay consenso entre legisladores y gobierno de modernizar la Ley de Organizaciones Políticas y la Ley Electoral, al comprobar desconocimiento a sus propias normas en las tres últimas elecciones.

Contar con partidos políticos fuertes y competitivos, practicar alternancia en el poder y ser contrapeso del gobierno de turno para evitar la hegemonía de un solo partido, sería lo ideal.

El equilibrio supone respeto a las instituciones independientes como el Banco Central, Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Tribunal Electoral, cuyas autoridades deben ser elegidas en la ALP de acuerdo con la Constitución.

Igualmente es importante la participación de la sociedad civil organizada para influir en las decisiones del manejo de Estado; rechazando o aceptado las medidas de gobierno sobre asuntos vitales que importa soberanía, dignidad, justicia y libertad.

“En resumen, el equilibrio de poder económico y político en una democracia depende de la combinación de factores institucionales, sociales y económicos que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana”, afirman los expertos.

En la nueva geografía política, fruto de la reconfiguración electoral, ya no existe la hegemonía partidaria del MAS dando paso a nuevas figuras en el liderazgo local y regional, con excepción de Manfred Reyes Villa que supo mantener su apoyo territorial y ser ratificado como alcalde de la ciudad de Cochabamba.

Reyes Villa, ahora está obligado a concertar políticas de desarrollo regional con el nuevo gobernador, Leonardo Loza, ganador en primera vuelta en las recientes elecciones. Loza ya aclaró que Evo Morales no se entrometerá en la Gobernación y ratificó que él coordinará su gestión con todas las instituciones y autoridades electas.

Un perdedor no esperado fue Luis Fernando Camacho, que de hecho ya dejó la Gobernación de Santa Cruz, ausentándose por motivos de salud, mientras se espera al ganador de la segunda vuelta entre Otto Ritter y Juan Pablo Velazco.

También es novedad en la capital oriental la arrolladora victoria de Mamen Saavedra que ganó la Alcaldía logrando casi la totalidad de concejales, anticipando que se garantizará gobernabilidad exitosa.  

Gabriela de Paiva Padilla, elegida gobernadora de Pando, por el frente Libre, liderizado por “Tuto” Quiroga, es ex reina de este departamento, hermosa joven, ingeniera electromecánica de profesión y novel escritora con notable sensibilidad social, constituye una novedad sin precedentes en la historia política de Bolivia.

Cesar Dockweiler, exministro del primer gobierno del MAS fue ganador de la Alcaldía de La Paz al frente de un partido naciente con miras a convertirse a futuro en importante fuerza política.

El MAS como partido hegemónico está atomizado, pero no el bloque popular que aún conserva fuerza vital, con cuyo sector es indispensable dialogar y concertar políticas económicas y sociales sin necesidad de bloqueos ni derivas totalitarias, menos personalismos.

En democracia los contrapesos son necesarios para vigorizar la misma democracia. Es hora de practicar un saludable debate entre oficialismo y oposición.

Paz, propugna la descentralización política, administrativa y financiera de los recursos del TGE proponiendo 50/50 para cada región de acuerdo con su densidad demográfica y definiendo competencias.

El 50/50 significa poner en marcha la tesis del federalismo eliminando el centralismo que en criterio Paz Pereira, significa la principal traba para el desarrollo regional y lo llama “Estado Tranca”. Pero no se descarta caos social por la complejidad de la medida en ciernes.

En casi cinco meses, el gobierno enfrentó serios problemas derivados de problemas domésticos aún no resueltos como el caso de la llamada gasolina “basura” por los transportistas que desconfían de la calidad del combustible.

El gobierno aprobará un conjunto de profundas medidas estructurales referidas con la situación económica y financiera entre ellas leyes sobre hidrocarburos, minería, litio y aprovechamiento de tierras raras apetecidas por consorcios tecnológicos.

Los nuevos desafíos serían controversiales, sobre todo, el proyecto 50/50 por las posibles consecuencias con regiones altamente conflictivas como Santa Cruz donde la medida debería entrar en vigor ya mismo porque ese departamento tiene aprobada su carta autonómica.

En los hechos, el 50/50 ya provocó la renuncia obligada de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, sólo por haber adelantado el criterio del gobierno sobre requisitos a cumplir por las regiones para merecer mayores recursos del Estado.

En apariencia, sería diferente el tratamiento con una mayoría de los departamentos donde no se logró avanzar ni siquiera en la redacción de sus estatutos autonómicos.

La propuesta electoral 50/50 es ideal en un Estado con larga tradición de Federalismo. Bolivia no tiene mínima experiencia y es posible una reacción adversa y peligrosa en cadena.

El gobierno, sin embargo, ahora tiene ventaja en medio de la diversidad de liderazgos políticos sin amenaza de una hegemonía partidaria saboteando desde el Parlamento Nacional y desde las carreteras.

En democracia, el equilibrio de poder económico y político depende de la transparencia y coherencia del gobierno y una apertura sincera hacia el diálogo y la concertación.

“La transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos pueden ayudar a prevenir la corrupción y el abuso de poder”, afirman los expertos.

La transparencia exige rigor ético en el manejo del Estado y ejercicio del poder. La ciudadanía tiene derecho al escrutinio y la denuncia basada en la verdad  sobre hechos irregulares corresponde a los medios de prensa en su servicio público.

Una democracia fuerte se basa en la separación de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial para evitar la concentración y abuso del poder. En este contexto se contemplan la libertad de prensa y expresión para promover la transparencia y la rendición de cuentas.

Afortunadamente hay consenso entre legisladores y gobierno de modernizar la Ley de Organizaciones Políticas y la Ley Electoral, al comprobar desconocimiento a sus propias normas en las tres últimas elecciones.

Contar con partidos políticos fuertes y competitivos, practicar alternancia en el poder y ser contrapeso del gobierno de turno para evitar la hegemonía de un solo partido, sería lo ideal.

El equilibrio supone respeto a las instituciones independientes como el Banco Central, Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Tribunal Electoral, cuyas autoridades deben ser elegidas en la ALP de acuerdo con la Constitución.

Igualmente es importante la participación de la sociedad civil organizada para influir en las decisiones del manejo de Estado; rechazando o aceptado las medidas de gobierno sobre asuntos vitales que importa soberanía, dignidad, justicia y libertad.

“En resumen, el equilibrio de poder económico y político en una democracia depende de la combinación de factores institucionales, sociales y económicos que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana”, afirman los expertos.

Paz, propugna la descentralización política, administrativa y financiera de los recursos del TGE proponiendo 50/50 para cada región de acuerdo con su densidad demográfica y definiendo competencias.

El 50/50 significa poner en marcha la tesis del federalismo eliminando el centralismo que en criterio Paz Pereira, significa la principal traba para el desarrollo regional y lo llama “Estado Tranca”. Pero no se descarta caos social por la complejidad de la medida en ciernes.

En casi cinco meses, el gobierno enfrentó serios problemas derivados de problemas domésticos aún no resueltos como el caso de la llamada gasolina “basura” por los transportistas que desconfían de la calidad del combustible.

El gobierno aprobará un conjunto de profundas medidas estructurales referidas con la situación económica y financiera entre ellas leyes sobre hidrocarburos, minería, litio y aprovechamiento de tierras raras apetecidas por consorcios tecnológicos.

Los nuevos desafíos serían controversiales, sobre todo, el proyecto 50/50 por las posibles consecuencias con regiones altamente conflictivas como Santa Cruz donde la medida debería entrar en vigor ya mismo porque ese departamento tiene aprobada su carta autonómica.

En los hechos, el 50/50 ya provocó la renuncia obligada de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, sólo por haber adelantado el criterio del gobierno sobre requisitos a cumplir por las regiones para merecer mayores recursos del Estado.

En apariencia, sería diferente el tratamiento con una mayoría de los departamentos donde no se logró avanzar ni siquiera en la redacción de sus estatutos autonómicos.

La propuesta electoral 50/50 es ideal en un Estado con larga tradición de Federalismo. Bolivia no tiene mínima experiencia y es posible una reacción adversa y peligrosa en cadena.

El gobierno, sin embargo, ahora tiene ventaja en medio de la diversidad de liderazgos políticos sin amenaza de una hegemonía partidaria saboteando desde el Parlamento Nacional y desde las carreteras.

En democracia, el equilibrio de poder económico y político depende de la transparencia y coherencia del gobierno y una apertura sincera hacia el diálogo y la concertación.

“La transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos pueden ayudar a prevenir la corrupción y el abuso de poder”, afirman los expertos.

La transparencia exige rigor ético en el manejo del Estado y ejercicio del poder. La ciudadanía tiene derecho al escrutinio y la denuncia basada en la verdad  sobre hechos irregulares corresponde a los medios de prensa en su servicio público.

Una democracia fuerte se basa en la separación de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial para evitar la concentración y abuso del poder. En este contexto se contemplan la libertad de prensa y expresión para promover la transparencia y la rendición de cuentas.

Afortunadamente hay consenso entre legisladores y gobierno de modernizar la Ley de Organizaciones Políticas y la Ley Electoral, al comprobar desconocimiento a sus propias normas en las tres últimas elecciones.

Contar con partidos políticos fuertes y competitivos, practicar alternancia en el poder y ser contrapeso del gobierno de turno para evitar la hegemonía de un solo partido, sería lo ideal.

El equilibrio supone respeto a las instituciones independientes como el Banco Central, Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Tribunal Electoral, cuyas autoridades deben ser elegidas en la ALP de acuerdo con la Constitución.

Igualmente es importante la participación de la sociedad civil organizada para influir en las decisiones del manejo de Estado; rechazando o aceptado las medidas de gobierno sobre asuntos vitales que importa soberanía, dignidad, justicia y libertad.

“En resumen, el equilibrio de poder económico y político en una democracia depende de la combinación de factores institucionales, sociales y económicos que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana”, afirman los expertos.

En la nueva geografía política, fruto de la reconfiguración electoral, ya no existe la hegemonía partidaria del MAS dando paso a nuevas figuras en el liderazgo local y regional, con excepción de Manfred Reyes Villa que supo mantener su apoyo territorial y ser ratificado como alcalde de la ciudad de Cochabamba.

Reyes Villa, ahora está obligado a concertar políticas de desarrollo regional con el nuevo gobernador, Leonardo Loza, ganador en primera vuelta en las recientes elecciones. Loza ya aclaró que Evo Morales no se entrometerá en la Gobernación y ratificó que él coordinará su gestión con todas las instituciones y autoridades electas.

Un perdedor no esperado fue Luis Fernando Camacho, que de hecho ya dejó la Gobernación de Santa Cruz, ausentándose por motivos de salud, mientras se espera al ganador de la segunda vuelta entre Otto Ritter y Juan Pablo Velazco.

También es novedad en la capital oriental la arrolladora victoria de Mamen Saavedra que ganó la Alcaldía logrando casi la totalidad de concejales, anticipando que se garantizará gobernabilidad exitosa.  

Gabriela de Paiva Padilla, elegida gobernadora de Pando, por el frente Libre, liderizado por “Tuto” Quiroga, es ex reina de este departamento, hermosa joven, ingeniera electromecánica de profesión y novel escritora con notable sensibilidad social, constituye una novedad sin precedentes en la historia política de Bolivia.

Cesar Dockweiler, exministro del primer gobierno del MAS fue ganador de la Alcaldía de La Paz al frente de un partido naciente con miras a convertirse a futuro en importante fuerza política.

El MAS como partido hegemónico está atomizado, pero no el bloque popular que aún conserva fuerza vital, con cuyo sector es indispensable dialogar y concertar políticas económicas y sociales sin necesidad de bloqueos ni derivas totalitarias, menos personalismos.

En democracia los contrapesos son necesarios para vigorizar la misma democracia. Es hora de practicar un saludable debate entre oficialismo y oposición.

Paz, propugna la descentralización política, administrativa y financiera de los recursos del TGE proponiendo 50/50 para cada región de acuerdo con su densidad demográfica y definiendo competencias.

El 50/50 significa poner en marcha la tesis del federalismo eliminando el centralismo que en criterio Paz Pereira, significa la principal traba para el desarrollo regional y lo llama “Estado Tranca”. Pero no se descarta caos social por la complejidad de la medida en ciernes.

En casi cinco meses, el gobierno enfrentó serios problemas derivados de problemas domésticos aún no resueltos como el caso de la llamada gasolina “basura” por los transportistas que desconfían de la calidad del combustible.

El gobierno aprobará un conjunto de profundas medidas estructurales referidas con la situación económica y financiera entre ellas leyes sobre hidrocarburos, minería, litio y aprovechamiento de tierras raras apetecidas por consorcios tecnológicos.

Los nuevos desafíos serían controversiales, sobre todo, el proyecto 50/50 por las posibles consecuencias con regiones altamente conflictivas como Santa Cruz donde la medida debería entrar en vigor ya mismo porque ese departamento tiene aprobada su carta autonómica.

En los hechos, el 50/50 ya provocó la renuncia obligada de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, sólo por haber adelantado el criterio del gobierno sobre requisitos a cumplir por las regiones para merecer mayores recursos del Estado.

En apariencia, sería diferente el tratamiento con una mayoría de los departamentos donde no se logró avanzar ni siquiera en la redacción de sus estatutos autonómicos.

La propuesta electoral 50/50 es ideal en un Estado con larga tradición de Federalismo. Bolivia no tiene mínima experiencia y es posible una reacción adversa y peligrosa en cadena.

El gobierno, sin embargo, ahora tiene ventaja en medio de la diversidad de liderazgos políticos sin amenaza de una hegemonía partidaria saboteando desde el Parlamento Nacional y desde las carreteras.

En democracia, el equilibrio de poder económico y político depende de la transparencia y coherencia del gobierno y una apertura sincera hacia el diálogo y la concertación.

“La transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos pueden ayudar a prevenir la corrupción y el abuso de poder”, afirman los expertos.

La transparencia exige rigor ético en el manejo del Estado y ejercicio del poder. La ciudadanía tiene derecho al escrutinio y la denuncia basada en la verdad  sobre hechos irregulares corresponde a los medios de prensa en su servicio público.

Una democracia fuerte se basa en la separación de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial para evitar la concentración y abuso del poder. En este contexto se contemplan la libertad de prensa y expresión para promover la transparencia y la rendición de cuentas.

Afortunadamente hay consenso entre legisladores y gobierno de modernizar la Ley de Organizaciones Políticas y la Ley Electoral, al comprobar desconocimiento a sus propias normas en las tres últimas elecciones.

Contar con partidos políticos fuertes y competitivos, practicar alternancia en el poder y ser contrapeso del gobierno de turno para evitar la hegemonía de un solo partido, sería lo ideal.

El equilibrio supone respeto a las instituciones independientes como el Banco Central, Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Tribunal Electoral, cuyas autoridades deben ser elegidas en la ALP de acuerdo con la Constitución.

Igualmente es importante la participación de la sociedad civil organizada para influir en las decisiones del manejo de Estado; rechazando o aceptado las medidas de gobierno sobre asuntos vitales que importa soberanía, dignidad, justicia y libertad.

“En resumen, el equilibrio de poder económico y político en una democracia depende de la combinación de factores institucionales, sociales y económicos que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana”, afirman los expertos.