“La crisis del vacío de poder ha sido resuelta en democracia y con las reglas de la jurisprudencia”… reza en parte la Declaración Constitucional del TCP publicada el día martes 12 de noviembre de 2019 legalizando la sucesión presidencial de la senadora Jeanine Áñez, tras la renuncia de Evo Morales, Álvaro García Linera y los presidentes de las dos cámaras, Adriana Salvatierra y Víctor Borda.
El TCP encuentra la figura jurídica prevista en la Constitución Política del Estado sobre la base de una Declaración Constitucional aplicada en 2001, cuando renuncia a su cargo el presidente militar Hugo Banzer Suárez aquejado por un cáncer terminal y asume el poder su vicepresidente, Jorge Quiroga Ramírez. El pronunciamiento del TPC obedece a una consulta elevada por juristas del grupo de oposición política y cívica reunida durante dos días en la Universidad Católica Boliviana, UCB, con carácter de urgencia.
Entre el 11 y 12 de noviembre de 2019, la Conferencia Episcopal Boliviana, representada por el obispo de El Alto, Mons. Eugenio Scarpellini y la Unión Europea, con el embajador León de la Torre, propician un encuentro entre oficialismo y oposición en calidad de facilitadores del diálogo buscando pacificar el país.
Acuden a la primera convocatoria el ex presidente Jorge Tuto Quiroga, la ex ministra y ex directora de la Unidad de Investigaciones Financieras, Teresa Morales y la diputada del Movimiento al Socialismo, Susana Rivero. Al día siguiente concurren a una segunda reunión la ex presidenta del Senado, Adriana Salvatierra y los dirigentes políticos Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Óscar Ortiz y el ex defensor del Pueblo, a nombre del CONADE, Rolando Villena. También asisten otros protagonistas como asesores, entre ellos, Ricardo Paz Ballivian, Roberto Moscoso, Luis Vásquez Villamor, Juan Carlos Núñez, de la Fundación Jubileo y Jerjes Justiniano, este último, delegado de Luis Fernando Camacho.
La oposición política-cívica califica la renuncia de los jefes de Estado y de la ALP como vacío de poder y afanosamente busca una fórmula legal respetando la norma constitucional para despejar cualquier duda del oficialismo sobre la existencia de una conspiración y posterior golpe de Estado. El movimiento ultraconservador se propone borrar la sigla del MAS; desmontar las bases del Estado Plurinacional y alejar de todo poder a Evo Morales con ignominia y humillación porque no le perdonan ni olvidan su fidelidad con Fidel Castro y Hugo Chávez, tampoco su consecuencia con los postulados del Socialismo del Siglo XXI. Entonces se consuma la victoria política de la derecha radical con Jeanine Áñez el l2 de noviembre de 2019 después de 21 días de resistencia y desobediencia civil.
El entorno palaciego no supo comprender en su correcta dimensión el resultado de la Consulta Popular del 21 de febrero de 2016 y dejó crecer la crisis política por ausencia de visión estratégica, tozudez y soberbia, empecinado en forzar una cuarta reelección, incluso, presentando un Recurso Abstracto de Inconstitucionalidad y matizar la reelección como un derecho humano según la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969).
El mismo día 21 de febrero de 2016, como ironía del destino, nace la consigna “Bolivia, dijo No”, expresión compartida con entusiasmo por jóvenes de ambos sexos, una mayoría con derechos políticos recién adquiridos tras concurrir por primera vez a un Referéndum Popular convocado por el mismo gobierno y decidir con su voto una opción soberana. Se organizan las primeras plataformas ciudadanas conocidas como “21F”.
“El Tribunal Constitucional de Bolivia, ha pronunciado la Declaración Constitucional No. 003/2001, en la cual ha sentado las sub-reglas de “Desarrollo Normativo” para el entendimiento de la sucesión constitucional en circunstancias de grave crisis política y urgencia nacional. El desarrollo Constitucional de la Declaración Constitucional comprende la aplicación de los principios de “inmediatez y urgencia” definida como de aplicación Ipso Iure, en consideración a la necesidad de resolver el vacío de poder que se había planteado” (https://jurisprudenciaconstitucional.com/
En la interpretación del “Ipso Iure” (1) desempeña rol determinante el abogado constitucionalista Luis Vásquez Villamor, asesor de Tuto Quiroga y coopera en el proyecto de redacción de la Declaración Constitucional por contar con mayor conocimiento y experiencia sobre el tema para validar la sucesión constitucional desestimando la versión del golpe de estado.
“Vásquez encaró similar tarea cuando el ex presidente Jorge Tuto Quiroga asumió el mando por sucesión constitucional el 2001 al fallecimiento del ex presidente Hugo Banzer Suárez… algunos asambleístas de la oposición acudieron en consulta y éste no solo que les mostró, sino les explicó cómo funciona el mecanismo de sucesión constitucional en estas circunstancias, amparado bajo algunos principios que en materia de derecho, funcionan como entes rectores para la aplicación del texto constitucional o la ley”. https://erbol.com.bo/nacional/
El adalid de la resistencia ciudadana, Luis Fernando Camacho, resigna su proyecto de conformar un gobierno cívico militar con personalidades más notables donde aspiraba erigirse soberano fáctico y acepta la estrategia de la sucesión constitucional sin descuidarse de asegurar la designación de su entorno de confianza en ministerios claves en el nuevo gobierno. Los presidentes de Estados Unidos, Israel y Brasil, son las primeros en reconocer a la nueva mandataria.
El 15 de diciembre de 2019, sin embargo, se publica el primer informe de un estudio técnico-científico del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, una de las mejores universidades y más prestigiosas de EE.UU., cuestionando la auditoría de la OEA y se suman otros prestigiosos centros internacionales de estudios geopolíticos difundiendo investigación y análisis invalidando la honestidad intelectual de los autores de la auditoría. El informe preliminar del presidente de la OEA, Luis Almagro, publicado en la madrugada del 10 de noviembre de 2019, precipita el fin del gobierno de Evo Morales. ¿Había vacío de poder? (Otro capítulo del libro REBATO en revisión)
(1) (Wikipedia: Ipso Iure, “por virtud del derecho”, “de pleno derecho” o “por el derecho mismo”)
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