LA RESPONSABILIDAD HISTÓRICA DE MESA

Carlos Mesa, sin duda, aparece como el nuevo líder de la oposición política después de las elecciones presidenciales y asume a partir de esta nueva realidad un histórico rol para la convivencia democrática en Bolivia; en gran medida dependerá de su visión de político maduro la solidez, fortalecimiento o debilitamiento del sistema, que no fue interrumpido en más de 37 años.

Por su trayectoria política y profesional desde la década del 90 como influyente periodista y escritor hasta su ligazón con Gonzalo Sánchez de Lozada su filosofía de vida siempre reflejó a un hombre con cultura de paz, proclive al diálogo y la concertación. La violencia que genera soluciones de facto, no fueron su estilo, así lo demostró cuando renunció a la Presidencia de la República para evitar un enfrentamiento entre bolivianos estando cercado su gobierno por un bloqueo nacional de caminos y manifestaciones de protesta en las calles liderizado por Evo Morales.

Bolivia tiene hoy un claro jefe opositor con suficiente caudal de legitimidad que es saludable para una democracia moderna. Una oposición consciente, responsable y coherente es un contrapeso político real y no ficticio frente al grupo gobernante. No es igual, cuando la oposición política tiene varios rostros, con más o menos peso, pero siempre fraudulentos ante los ojos de la opinión pública. Hoy el liderazgo de Mesa está definido por el respaldo que recibió en las urnas. Votaron por él los militantes de su alianza, sus amigos, seguidores y los descontentos que no son mesistas precisamente sino anti evistas por tradición de clase, o simplemente prejuicio o complejos racistas y xenofóbicos.

Hacia el futuro, Mesa tendrá mayor influencia nacional y sus representantes en el Legislativo, facultades constitucionales para sofrenar cualquier actitud arbitraria del régimen de turno. Mesa tiene también la misión indelegable de proponer medidas favorables al pueblo por encima de la consigna política. En suma, Mesa de pronto se convirtió en protagonista principal para garantizar la estabilidad y el futuro de los bolivianos. La historia le asigna también el deber de ser parte de la cultura de la paz que siempre pregonó porque sabe por demás que la violencia engendra más violencia con elevados costos. Sorprende, entonces, su llamado a defender en las calles el voto de su alianza con efecto exponencial generado caos y anarquía en las calles de las principales ciudades del país la noche del 21 de octubre.

Su llamado no es de cualquier ciudadano de a pie, es de un líder de oposición política, de un candidato presidencial con fuerte proyección en el escenario nacional, en consecuencia, tiene un peso específico, para bien o mal. Ser consciente de su convocatoria significa medir sus efectos, y si este llamado tiene funestas consecuencias tendrá que asumir la responsabilidad que conlleva su acción.

Aquí estriba la diferencia. No es igual, de ninguna manera, si Oscar Ortiz, Samuel Doria Medina o Víctor Hugo Cárdenas llaman a una desobediencia civil. La palabra final la tendrá siempre a partir de hoy el señor Carlos Mesa; los otros tendrán que someterse a él si el asunto es estrictamente político y tiene que ver con el destino del país.

Es irracional, por ejemplo, que el dirigente cívico de Santa Cruz, convoque a un paro cívico nacional sin consulta previa a sus similares del interior, que muchos no son afines a su consigna político-partidaria. No es igual un cabildo que asume una determinada posición sin consecuencias que un paro nacional donde se afecta el aparato productivo nacional. Afortunadamente los sectores claves de la economía nacional, nunca fueron sometidos a semejante capricho sectorial ni en la misma capital oriental.

La idea de paralizar el país en apoyo a un determinado candidato que desea proclamarse ganador bajo el supuesto fraude electoral no es pertinente. Bolivia tiene leyes vigentes, éstas tienen que acatarse aunque sean inflexibles e indeseables para algunos. La democracia se alimenta por el cumplimiento de sus leyes sin romper el estado de derecho ni vulnerar la justicia.

Ahora bien. Se reclama respeto al voto del pueblo. ¿Quiénes forman el pueblo? Sin duda son todos los bolivianos que votaron por uno u otro candidato de su preferencia. ¿Tendrían también derecho a ganar las calles y provocar desmanes los seguidores del otro candidato que igual se declara vencedor? Claro que sí. ¿Entonces las calles definirían la suerte de Bolivia con choques violentos y derramamiento de sangre? Claro que no.

Está en manos de los líderes del oficialismo y la oposición evitar un inútil enfrentamiento y dejar que el peso de la ley determine la mejor causa. Todos los candidatos jugaron con las mismas reglas del juego desde el momento que se registraron en el TSE cumpliendo el mandato de la Ley de Organizaciones Políticas y ese conjunto de normas debe ser determinante para ganadores y perdedores por respeto al mismo soberano; el pueblo.