El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero Ballivian, demostró solvencia y capacidad para consensuar con las fuerzas políticas y la señora Presidenta del Estado la fecha oficial para las elecciones nacionales previstas para el 6 de septiembre, ahora solicita 215 millones de bolivianos para organizar el proceso electoral y pide anular “por única vez” el financiamiento a los partidos políticos. En buena hora.
El TSE, máxima instancia constitucional independiente e imparcial, está conformado por vocales seleccionados mediante calificación y valoración de méritos profesionales y trayectoria. Ninguno fue “nombrado a dedo”, por tanto, es considerado único órgano de poder transparente para garantizar las elecciones nacionales más complejas y en medio de una emergencia sanitaria a causa del Covid.19.
La ministra de Salud, Eidy Roca, anticipó para el 6 de septiembre unos 130.000 casos de coronavirus como advertencia al TSE del riesgo que asume. Y la Presidenta descargó cualquier consecuencia de la crisis sanitaria en los hombros de Carlos Mesa, Luis Arce y Evo Morales por la presión ejercida para lanzar la convocatoria a elecciones.
Si hubiera 130 mil infectados y otros cientos de muertos hasta esa fecha, Bolivia habrá perdido la guerra contra al Covid-19 y la mayor responsabilidad recaerá en el gobierno transitorio por ser ineficiente en la contención de la amenaza y tendrá parte de culpa una población, permisiva, desorganizada y anárquica que prefiere vivir en permanente desobediencia civil exponiendo su vida, aunque es comprensible admitir la situación hambre en los hogares más pobres.
El proceso de emergencia sanitaria obliga TSE contar con su propio Comité Científico Competente para evaluar el estado de salud de la población y seguimiento a la curva de casos de Covid-19. El informe científico del TSE será determinante en caso de un colapso total en el sistema de salud, justificando sin atenuantes, una nueva postergación de los comicios. Mientras no exista ese informe no hay temor de concurrir a las urnas.
La Constitución prevé plazos legales sobre elecciones nacionales y normas de cumplimiento obligatorio. Los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Electoral se vieron contra la pared y asumieron su responsabilidad dentro los límites establecidos. Las elecciones son un desafío sin precedentes en medio de la emergencia sanitaria, la crisis económica y el desempleo, también es una apuesta institucional para garantizar la vigencia de los derechos fundamentales y el Estado de Derecho.. El voto soberano otorga legitimidad para organizar un Estado fuerte.
Hay partidos y alianzas políticas sin mayor gravitación electoral que apuestan por una postergación indefinida con el argumento de la emergencia sanitaria. La razón de fondo, según anticipan determinadas encuestas preliminares, es su orfandad, no lograrían hoy ni mañana la preferencia en la intención de voto.
Naciones Unidas y la Unión Europea respaldan las elecciones en Bolivia para fortalecer la democracia, la paz y la justicia. El país no superó todavía los traumas de la crisis política de octubre y noviembre de 2019 y necesita con urgencia una reconciliación. La Iglesia Católica, igualmente apoya el verificativo de los comicios.
Salvador Romero, un profesional reconocido por su ética y experto en temas electorales, anticipó que “ir a las elecciones será como ir al banco” y no es descabellado su criterio. El TSE ya anunció protocolos básicos como uso de barbijo, distanciamiento físico, ropa de bioseguridad y prepara otros mecanismos útiles para garantizar la concurrencia a las urnas en óptimas condiciones.
Especialistas en procesos electorales aconsejaron utilizar la ingeniería telemática para permitir el voto por internet para los encapsulados por el Covid-19. También se puede recurrir al voto electrónico presencial y remoto para ahorrar tiempo y dinero. La tecnología electoral protegería la salud de los votantes, minimizaría la abstención y el ausentismo. Esta novedosa experiencia es viable cuando hoy el ecosistema de la información y la comunicación es portentosa y goza de inteligencia artificial.
Por su lado, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), presentó importantes recomendaciones a países con procesos electorales definidos en medio del Covid-19; por ejemplo, sugiere varias jornadas de votación, dos o más días con el fin de evitar aglomeraciones de gente en recintos electorales y aminorar riesgos para los más vulnerables.
El Tribunal Supremo electoral ya aprobó el calendario oficial con fechas fijas debiendo sujetarse los partidos y alianzas políticas a tales procedimientos, al igual que la población votante. El domingo 18 de octubre se realizará la segunda vuelta en caso de no alcanzar los contendientes el porcentaje fijado en ley. La entrega de credenciales a las nuevas autoridades electas se verificará el domingo 15 de noviembre de 2020.
Finalmente, la posesión oficial de las nuevas autoridades electas se cumplirá el lunes 30 de noviembre de 2020. Ese día Bolivia tendrá un nuevo Presidente Constitucional, un nuevo Vicepresidente y nuevas autoridades en el Poder Legislativo. Si el calendario se cumple como está diseñado y prevalece la autoridad moral del Tribunal Supremo Electoral sobre cualquier episodio político circunstancial que sin razones valederas intentaran frenar el proceso electoral, es pertinente confiar en la capacidad y solvencia de las autoridades del TSE.
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