MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PERIODISTAS EN EL PÉNDULO
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PERIODISTAS EN EL PÉNDULO
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“Estás en contra del proceso de cambio o estás a favor”, dijo a la revista Temas, el periodista y abogado constitucionalista, Julio Veizaga Ovando.
Simón Alberto Figueroa Reynaga
7 de septiembre de 2021
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PERIODISTAS EN EL PÉNDULO

Los medios de comunicación y los periodistas enfrentan en la actualidad una coyuntura en trance de definición por el curso del proceso de cambio instaurado en Bolivia en 2006 por Evo Morales e interrumpido tras su derrocamiento en 2019. La confusa asunción al poder de la senadora Jeanine Añez y la actual reconducción del modelo político y económico del MAS por el presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce, coloca al poder mediático en la disyuntiva.

“Estás en contra del proceso de cambio o estás a favor”, dijo a la revista Temas, el periodista y abogado constitucionalista, Julio Veizaga Ovando, al reflexionar sobre la actual situación política caracterizada por una franca polarización. “En esa línea de enorme tensión los colegas y amigos periodistas han tomado su posición porque la coyuntura actual es de abierto enfrentamiento”.

Veizaga, actual Director de la Carrera de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Simón, profesor de Derecho Constitucional, varias veces dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba y de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, es además, analista político, invitado por diferentes medios de comunicación.

Hoy, siendo asesor jurídico de las organizaciones de prensa, Veizaga, asume lo que él llama “posición muy ecléctica” sobre la libertad de prensa, libertad de opinión y derecho a la información. “En términos que son permisibles en democracia estas libertades no están amenazadas y no existe ningún riesgo para la libertad de prensa”.

Según el abogado constitucionalista la coyuntura política cambió en el país. “No podemos hablar de un gobierno con tendencias totalitarias, donde hay excesos en tanto se entiende como autoritarismo porque el poder es así, pero hay libertad de expresión, libertad de prensa y derecho a la información”. Admitió, al igual que otros analistas, la pérdida de influencia y poder de mediación de la prensa, así como de la Iglesia Católica. “Recuerdo que en el pasado el Sindicato de la Prensa de Cochabamba desempeñaba un rol importante, al igual que la Iglesia, para intermediar en la resolución de conflictos sociales porque ambas instituciones gozaban de prestigio reconocido por la sociedad”.

La posición del periodismo sindicalizado siempre fue de orientación y defensa contra toda forma de violencia institucionalizada o desconocimiento a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.

Algunos medios de comunicación, en especial las redes sociales promueven la desinformación de manera constante, desorientando a la opinión pública con propósitos de confrontación o desdibujan la realidad de los hechos con mensajes de posverdad. Otros investigadores coinciden que en el mundo hay industrias que se dedican a fabricar mentiras y desinformación que transmiten a los grandes medios como si fueran verdades y estos a su vez, lo replican sin el mínimo deber de revisión de fuentes informativas serias y confiables.

Veizaga recordó un ingrato episodio que le tocó lidiar al diario Opinión de Cochabamba durante el primer gobierno de Morales. El periódico publicó un artículo considerado ofensivo contra la dignidad de los primeros mandatarios, Evo Morales y Álvaro García Linera, texto que incomodó a los gobernantes. El codirector del diario Opinión de entonces, el periodista y abogado, Federico Sabat Lara, fue amable cuando fue consultado por la revista Temas y confirmó el hecho. “Efectivamente era un columnista que rompió las reglas editoriales en dos líneas de su artículo”. Sabat agrega luego: “El caso fue resuelto favorablemente después de una debida explicación a las autoridades correspondientes y la publicación de una posterior aclaración”.

Casos como el mencionado, se registraron en otros medios con publicaciones denigrantes o falsas acusaciones que no siempre son desmentidas, por ello, tanto periodistas como el poder político consensuaron para la vigencia de la Autorregulación contemplada en la Constitución Política del Estado para que los medios de comunicación y periodistas se sujeten a sus códigos de ética.

Por otro lado, Veizaga aclaró que ningún derecho es ilimitado, no es absoluto, hay que respetar los límites que establece la Constitución, porque tampoco a nombre de libertad de expresión se puede permitir la circulación de “cualquier cosa” en las redes sociales, tomando en cuenta los efectos que causa en la sociedad y el Estado. En democracia hay ser actores responsables. “La misma Constitución Política del Estado nos dice: los periodistas debemos tener responsabilidad social, además hablar con la verdad”.

Afirmó que no se puede desconocer los factores perturbadores de la desinformación presentes en la actualidad. “Quieren llevarnos a un camino sin salida, afortunadamente ahí prevalece la responsabilidad social y política del periodista para aproximarnos a la verdad”. Más adelante dijo: “Mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. Mi punto de vista puede ser diferente y contrastar otras ideas pero se debe respetar”.

DESINFORMACION Y POSVERDAD

Según su análisis, Bolivia vive otra coyuntura política porque el MAS no tiene ya los dos tercios, solo mayoría en las dos cámaras y otros órganos de poder pero con ciertas restricciones. “Cuando tenía los dos tercios, efectivamente Evo Morales tenía demasiada concentración de poder en su persona, era un gobierno muy fuerte, hegemónico, dominante y uno tenía que generar un autocontrol”, a la hora de opinar o presentar una información.

Sobre la crisis de octubre-noviembre de 2019, Veizaga realizó prolijo seguimiento de los acontecimientos y escribió un libro titulado: “Derecho de Resistencia, ¿Golpe de Estado? o ¿Auto Golpe? y Sucesión constitucional”, preguntándose cuál sería la verdad histórica. De la revisión de antecedentes, reconoció el derecho de resistencia de la sociedad civil frente a la conducta vertical del gobierno del MAS, sobre todo de la conducta personal de Evo Morales.

Elogió la nueva Constitución Política del Estado aprobada en la Asamblea Constituyente en medio de grandes conflictos y fuerte polarización entre oriente y occidente frente al modelo de Autonomía Departamental propugnado por Santa Cruz. “Se trataba de un gran paso en la historia boliviana porque es una Constitución muy garantista y de avanzada para este tiempo, es inclusiva, defiende los derechos humanos y reconoce lo plurinacional y multicultural”, señaló.

La nueva Constitución, sin embargo de permitirle a Evo gobernar con tranquilidad, también le insufló para cometer algunos errores en su gestión. Por ejemplo, según su criterio, fue lamentable escuchar algunos mensajes esporádicos del Presidente como: “Yo le meto nomas, (si hay problemas) que resuelvan los abogados para eso han estudiando”. Que lo diga un primer mandatario, era una sorpresa y un mensaje lapidario para vivir en democracia. “Yo enseño derecho constitucional y me pregunté. ¿Qué vamos a hacer?”.

Luego, dice, viene el Referendo Popular, gana el NO ante el SI con poca diferencia, pero hay un resultado del soberano que debía ser respetado. No fue así y posteriormente generó resistencia civil contra la reelección.

Al explicar sobre el complejo manejo del orden constitucional recordó el inicio de la crisis en noviembre después de las elecciones presidenciales de octubre, el informe preliminar de la OEA denunciando indicios de fraude, pronunciamiento militar, motín policial, renuncia del Presidente y Vicepresidente que salen del país, y casi en forma simultánea, también dimiten los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, generando un vacío de poder. La querella entre oficialismo y oposición sobre golpe de estado o fraude electoral es un proceso pendiente no concluido y debe continuar con una investigación más profunda para establecer la verdad histórica.

En los primero días del conflicto de noviembre, Veizaga, fue invitado a una reunión de emergencia propiciada por un presidente del Comité Cívico de Cochabamba, donde conoció informes cifrados con líneas políticas de conspiración contra el gobierno, entonces se apartó de todo contacto con el grupo cívico. Las directrices provenían desde Santa Cruz y del exterior.

“El Comité Cívico de Cochabamba, publicó después un pronunciamiento de apoyo encubierto a los afanes conspirativos”. Aclaró luego, “nosotros no nos involucramos ni fuimos parte de ese documento, sabíamos del movimiento alentado desde Santa Cruz”, reveló.

Cuando hay vacío de poder, dijo, siempre hay margen de negociación para encontrar una solución dentro el mandato constitucional nombrando inclusive al último en la línea de sucesión. No ocurrió tal cosa, al contrario hubo planteamientos descabellados como el propuesto por el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz de conformar una junta cívico militar.

Los otros actores políticos involucrados en la crisis no estuvieron de acuerdo con la propuesta del dirigente cívico y buscaron fórmulas para volver al camino de la constitución como correspondía, empero no había condiciones ni posibilidades para organizar la transición constitucional con el MAS.

Similares dificultades se presentaron cuando la señora Añez y su grupo de seguidores no pudieron garantizar la transición porque las condiciones no eran favorables ni bonancibles por carecer de legitimidad.

De acuerdo con su percepción, si otro hubiera sido el líder con capacidad de negociar y garantizar la transición no se habría llegado a la crisis que derivó en un golpe atípico diferente a los clásicos golpes militares conocidos en Bolivia.

Sobre el decantado fraude electoral que denuncia permanentemente la oposición política al MAS, sostiene que no existe una sentencia judicial concluida que permita llegar a la verdad histórica. El informe de conclusiones sobre las elecciones del 20 de octubre de 2019 practicada por la OEA denunciando graves irregularidades, tampoco es una sentencia jurídica, al igual que el informe de la Universidad de Salamanca.

Julio Veizaga, activo reportero de prensa de radio Litoral en 1974 fue arrestado en una celda de la Dirección de Orden Político, DOP, acusado de terrorista horas antes de registrarse la masacre del Valle Alto, durante el gobierno militar de Hugo Banzer Suárez. Había revelado en su emisora detalles de la estrategia definida por el Prefecto de entonces, Milivoy Eterovic Matenda y jefes militares para la incursión de tropas del CITE por la Angostura para romper el bloqueo de carreteras en Tolata y Epizana. “Llegué tarde a una reunión convocada en la Prefectura, entonces el colega Jorge Gómez, de radio Nacional, me comentó entre líneas de los acuerdos para el desbloqueo”. Veizaga no sabía que el régimen ya había impuesto la censura en los medios de comunicación. “Me fui a la radio y le pido a Carlos Balderrama que realizaba su programa, me de paso para difundir un flash informativo y comencé a relatar, después me buscaron y me apresaron”.

BUSCANDO LA VERDAD HISTORICA

Algunos medios de comunicación, en especial las redes sociales promueven la desinformación de manera constante, desorientando a la opinión pública con propósitos de confrontación o desdibujan la realidad de los hechos con mensajes de posverdad. Otros investigadores coinciden que en el mundo hay industrias que se dedican a fabricar mentiras y desinformación que transmiten a los grandes medios como si fueran verdades y estos a su vez, lo replican sin el mínimo deber de revisión de fuentes informativas serias y confiables.

Veizaga recordó un ingrato episodio que le tocó lidiar al diario Opinión de Cochabamba durante el primer gobierno de Morales. El periódico publicó un artículo considerado ofensivo contra la dignidad de los primeros mandatarios, Evo Morales y Álvaro García Linera, texto que incomodó a los gobernantes. El codirector del diario Opinión de entonces, el periodista y abogado, Federico Sabat Lara, fue amable cuando fue consultado por la revista Temas y confirmó el hecho. “Efectivamente era un columnista que rompió las reglas editoriales en dos líneas de su artículo”. Sabat agrega luego: “El caso fue resuelto favorablemente después de una debida explicación a las autoridades correspondientes y la publicación de una posterior aclaración”.

Casos como el mencionado, se registraron en otros medios con publicaciones denigrantes o falsas acusaciones que no siempre son desmentidas, por ello, tanto periodistas como el poder político consensuaron para la vigencia de la Autorregulación contemplada en la Constitución Política del Estado para que los medios de comunicación y periodistas se sujeten a sus códigos de ética.

Por otro lado, Veizaga aclaró que ningún derecho es ilimitado, no es absoluto, hay que respetar los límites que establece la Constitución, porque tampoco a nombre de libertad de expresión se puede permitir la circulación de “cualquier cosa” en las redes sociales, tomando en cuenta los efectos que causa en la sociedad y el Estado. En democracia hay ser actores responsables. “La misma Constitución Política del Estado nos dice: los periodistas debemos tener responsabilidad social, además hablar con la verdad”.

Afirmó que no se puede desconocer los factores perturbadores de la desinformación presentes en la actualidad. “Quieren llevarnos a un camino sin salida, afortunadamente ahí prevalece la responsabilidad social y política del periodista para aproximarnos a la verdad”. Más adelante dijo: “Mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. Mi punto de vista puede ser diferente y contrastar otras ideas pero se debe respetar”.

Según su análisis, Bolivia vive otra coyuntura política porque el MAS no tiene ya los dos tercios, solo mayoría en las dos cámaras y otros órganos de poder pero con ciertas restricciones. “Cuando tenía los dos tercios, efectivamente Evo Morales tenía demasiada concentración de poder en su persona, era un gobierno muy fuerte, hegemónico, dominante y uno tenía que generar un autocontrol”, a la hora de opinar o presentar una información.

Sobre la crisis de octubre-noviembre de 2019, Veizaga realizó prolijo seguimiento de los acontecimientos y escribió un libro titulado: “Derecho de Resistencia, ¿Golpe de Estado? o ¿Auto Golpe? y Sucesión constitucional”, preguntándose cuál sería la verdad histórica. De la revisión de antecedentes, reconoció el derecho de resistencia de la sociedad civil frente a la conducta vertical del gobierno del MAS, sobre todo de la conducta personal de Evo Morales.

Elogió la nueva Constitución Política del Estado aprobada en la Asamblea Constituyente en medio de grandes conflictos y fuerte polarización entre oriente y occidente frente al modelo de Autonomía Departamental propugnado por Santa Cruz. “Se trataba de un gran paso en la historia boliviana porque es una Constitución muy garantista y de avanzada para este tiempo, es inclusiva, defiende los derechos humanos y reconoce lo plurinacional y multicultural”, señaló.

La nueva Constitución, sin embargo de permitirle a Evo gobernar con tranquilidad, también le insufló para cometer algunos errores en su gestión. Por ejemplo, según su criterio, fue lamentable escuchar algunos mensajes esporádicos del Presidente como: “Yo le meto nomas, (si hay problemas) que resuelvan los abogados para eso han estudiando”. Que lo diga un primer mandatario, era una sorpresa y un mensaje lapidario para vivir en democracia. “Yo enseño derecho constitucional y me pregunté. ¿Qué vamos a hacer?”.

Luego, dice, viene el Referendo Popular, gana el NO ante el SI con poca diferencia, pero hay un resultado del soberano que debía ser respetado. No fue así y posteriormente generó resistencia civil contra la reelección.

Al explicar sobre el complejo manejo del orden constitucional recordó el inicio de la crisis en noviembre después de las elecciones presidenciales de octubre, el informe preliminar de la OEA denunciando indicios de fraude, pronunciamiento militar, motín policial, renuncia del Presidente y Vicepresidente que salen del país, y casi en forma simultánea, también dimiten los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, generando un vacío de poder. La querella entre oficialismo y oposición sobre golpe de estado o fraude electoral es un proceso pendiente no concluido y debe continuar con una investigación más profunda para establecer la verdad histórica.

En los primero días del conflicto de noviembre, Veizaga, fue invitado a una reunión de emergencia propiciada por un presidente del Comité Cívico de Cochabamba, donde conoció informes cifrados con líneas políticas de conspiración contra el gobierno, entonces se apartó de todo contacto con el grupo cívico. Las directrices provenían desde Santa Cruz y del exterior.

“El Comité Cívico de Cochabamba, publicó después un pronunciamiento de apoyo encubierto a los afanes conspirativos”. Aclaró luego, “nosotros no nos involucramos ni fuimos parte de ese documento, sabíamos del movimiento alentado desde Santa Cruz”, reveló.

Cuando hay vacío de poder, dijo, siempre hay margen de negociación para encontrar una solución dentro el mandato constitucional nombrando inclusive al último en la línea de sucesión. No ocurrió tal cosa, al contrario hubo planteamientos descabellados como el propuesto por el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz de conformar una junta cívico militar.

Los otros actores políticos involucrados en la crisis no estuvieron de acuerdo con la propuesta del dirigente cívico y buscaron fórmulas para volver al camino de la constitución como correspondía, empero no había condiciones ni posibilidades para organizar la transición constitucional con el MAS.

Similares dificultades se presentaron cuando la señora Añez y su grupo de seguidores no pudieron garantizar la transición porque las condiciones no eran favorables ni bonancibles por carecer de legitimidad.

De acuerdo con su percepción, si otro hubiera sido el líder con capacidad de negociar y garantizar la transición no se habría llegado a la crisis que derivó en un golpe atípico diferente a los clásicos golpes militares conocidos en Bolivia.

Sobre el decantado fraude electoral que denuncia permanentemente la oposición política al MAS, sostiene que no existe una sentencia judicial concluida que permita llegar a la verdad histórica. El informe de conclusiones sobre las elecciones del 20 de octubre de 2019 practicada por la OEA denunciando graves irregularidades, tampoco es una sentencia jurídica, al igual que el informe de la Universidad de Salamanca.

Julio Veizaga, activo reportero de prensa de radio Litoral en 1974 fue arrestado en una celda de la Dirección de Orden Político, DOP, acusado de terrorista horas antes de registrarse la masacre del Valle Alto, durante el gobierno militar de Hugo Banzer Suárez. Había revelado en su emisora detalles de la estrategia definida por el Prefecto de entonces, Milivoy Eterovic Matenda y jefes militares para la incursión de tropas del CITE por la Angostura para romper el bloqueo de carreteras en Tolata y Epizana. “Llegué tarde a una reunión convocada en la Prefectura, entonces el colega Jorge Gómez, de radio Nacional, me comentó entre líneas de los acuerdos para el desbloqueo”. Veizaga no sabía que el régimen ya había impuesto la censura en los medios de comunicación. “Me fui a la radio y le pido a Carlos Balderrama que realizaba su programa, me de paso para difundir un flash informativo y comencé a relatar, después me buscaron y me apresaron”.

DESINFORMACION Y POSVERDAD
BUSCANDO LA VERDAD HISTORICA
AFANES CONSPIRATIVOS

Algunos medios de comunicación, en especial las redes sociales promueven la desinformación de manera constante, desorientando a la opinión pública con propósitos de confrontación o desdibujan la realidad de los hechos con mensajes de posverdad. Otros investigadores coinciden que en el mundo hay industrias que se dedican a fabricar mentiras y desinformación que transmiten a los grandes medios como si fueran verdades y estos a su vez, lo replican sin el mínimo deber de revisión de fuentes informativas serias y confiables.

Veizaga recordó un ingrato episodio que le tocó lidiar al diario Opinión de Cochabamba durante el primer gobierno de Morales. El periódico publicó un artículo considerado ofensivo contra la dignidad de los primeros mandatarios, Evo Morales y Álvaro García Linera, texto que incomodó a los gobernantes. El codirector del diario Opinión de entonces, el periodista y abogado, Federico Sabat Lara, fue amable cuando fue consultado por la revista Temas y confirmó el hecho. “Efectivamente era un columnista que rompió las reglas editoriales en dos líneas de su artículo”. Sabat agrega luego: “El caso fue resuelto favorablemente después de una debida explicación a las autoridades correspondientes y la publicación de una posterior aclaración”.

Casos como el mencionado, se registraron en otros medios con publicaciones denigrantes o falsas acusaciones que no siempre son desmentidas, por ello, tanto periodistas como el poder político consensuaron para la vigencia de la Autorregulación contemplada en la Constitución Política del Estado para que los medios de comunicación y periodistas se sujeten a sus códigos de ética.

Por otro lado, Veizaga aclaró que ningún derecho es ilimitado, no es absoluto, hay que respetar los límites que establece la Constitución, porque tampoco a nombre de libertad de expresión se puede permitir la circulación de “cualquier cosa” en las redes sociales, tomando en cuenta los efectos que causa en la sociedad y el Estado. En democracia hay ser actores responsables. “La misma Constitución Política del Estado nos dice: los periodistas debemos tener responsabilidad social, además hablar con la verdad”.

Afirmó que no se puede desconocer los factores perturbadores de la desinformación presentes en la actualidad. “Quieren llevarnos a un camino sin salida, afortunadamente ahí prevalece la responsabilidad social y política del periodista para aproximarnos a la verdad”. Más adelante dijo: “Mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. Mi punto de vista puede ser diferente y contrastar otras ideas pero se debe respetar”.

DESINFORMACION Y POSVERDAD

Según su análisis, Bolivia vive otra coyuntura política porque el MAS no tiene ya los dos tercios, solo mayoría en las dos cámaras y otros órganos de poder pero con ciertas restricciones. “Cuando tenía los dos tercios, efectivamente Evo Morales tenía demasiada concentración de poder en su persona, era un gobierno muy fuerte, hegemónico, dominante y uno tenía que generar un autocontrol”, a la hora de opinar o presentar una información.

Sobre la crisis de octubre-noviembre de 2019, Veizaga realizó prolijo seguimiento de los acontecimientos y escribió un libro titulado: “Derecho de Resistencia, ¿Golpe de Estado? o ¿Auto Golpe? y Sucesión constitucional”, preguntándose cuál sería la verdad histórica. De la revisión de antecedentes, reconoció el derecho de resistencia de la sociedad civil frente a la conducta vertical del gobierno del MAS, sobre todo de la conducta personal de Evo Morales.

Elogió la nueva Constitución Política del Estado aprobada en la Asamblea Constituyente en medio de grandes conflictos y fuerte polarización entre oriente y occidente frente al modelo de Autonomía Departamental propugnado por Santa Cruz. “Se trataba de un gran paso en la historia boliviana porque es una Constitución muy garantista y de avanzada para este tiempo, es inclusiva, defiende los derechos humanos y reconoce lo plurinacional y multicultural”, señaló.

La nueva Constitución, sin embargo de permitirle a Evo gobernar con tranquilidad, también le insufló para cometer algunos errores en su gestión. Por ejemplo, según su criterio, fue lamentable escuchar algunos mensajes esporádicos del Presidente como: “Yo le meto nomas, (si hay problemas) que resuelvan los abogados para eso han estudiando”. Que lo diga un primer mandatario, era una sorpresa y un mensaje lapidario para vivir en democracia. “Yo enseño derecho constitucional y me pregunté. ¿Qué vamos a hacer?”.

Luego, dice, viene el Referendo Popular, gana el NO ante el SI con poca diferencia, pero hay un resultado del soberano que debía ser respetado. No fue así y posteriormente generó resistencia civil contra la reelección.

Al explicar sobre el complejo manejo del orden constitucional recordó el inicio de la crisis en noviembre después de las elecciones presidenciales de octubre, el informe preliminar de la OEA denunciando indicios de fraude, pronunciamiento militar, motín policial, renuncia del Presidente y Vicepresidente que salen del país, y casi en forma simultánea, también dimiten los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, generando un vacío de poder. La querella entre oficialismo y oposición sobre golpe de estado o fraude electoral es un proceso pendiente no concluido y debe continuar con una investigación más profunda para establecer la verdad histórica.

En los primero días del conflicto de noviembre, Veizaga, fue invitado a una reunión de emergencia propiciada por un presidente del Comité Cívico de Cochabamba, donde conoció informes cifrados con líneas políticas de conspiración contra el gobierno, entonces se apartó de todo contacto con el grupo cívico. Las directrices provenían desde Santa Cruz y del exterior.

“El Comité Cívico de Cochabamba, publicó después un pronunciamiento de apoyo encubierto a los afanes conspirativos”. Aclaró luego, “nosotros no nos involucramos ni fuimos parte de ese documento, sabíamos del movimiento alentado desde Santa Cruz”, reveló.

Cuando hay vacío de poder, dijo, siempre hay margen de negociación para encontrar una solución dentro el mandato constitucional nombrando inclusive al último en la línea de sucesión. No ocurrió tal cosa, al contrario hubo planteamientos descabellados como el propuesto por el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz de conformar una junta cívico militar.

Los otros actores políticos involucrados en la crisis no estuvieron de acuerdo con la propuesta del dirigente cívico y buscaron fórmulas para volver al camino de la constitución como correspondía, empero no había condiciones ni posibilidades para organizar la transición constitucional con el MAS.

Similares dificultades se presentaron cuando la señora Añez y su grupo de seguidores no pudieron garantizar la transición porque las condiciones no eran favorables ni bonancibles por carecer de legitimidad.

De acuerdo con su percepción, si otro hubiera sido el líder con capacidad de negociar y garantizar la transición no se habría llegado a la crisis que derivó en un golpe atípico diferente a los clásicos golpes militares conocidos en Bolivia.

Sobre el decantado fraude electoral que denuncia permanentemente la oposición política al MAS, sostiene que no existe una sentencia judicial concluida que permita llegar a la verdad histórica. El informe de conclusiones sobre las elecciones del 20 de octubre de 2019 practicada por la OEA denunciando graves irregularidades, tampoco es una sentencia jurídica, al igual que el informe de la Universidad de Salamanca.

Julio Veizaga, activo reportero de prensa de radio Litoral en 1974 fue arrestado en una celda de la Dirección de Orden Político, DOP, acusado de terrorista horas antes de registrarse la masacre del Valle Alto, durante el gobierno militar de Hugo Banzer Suárez. Había revelado en su emisora detalles de la estrategia definida por el Prefecto de entonces, Milivoy Eterovic Matenda y jefes militares para la incursión de tropas del CITE por la Angostura para romper el bloqueo de carreteras en Tolata y Epizana. “Llegué tarde a una reunión convocada en la Prefectura, entonces el colega Jorge Gómez, de radio Nacional, me comentó entre líneas de los acuerdos para el desbloqueo”. Veizaga no sabía que el régimen ya había impuesto la censura en los medios de comunicación. “Me fui a la radio y le pido a Carlos Balderrama que realizaba su programa, me de paso para difundir un flash informativo y comencé a relatar, después me buscaron y me apresaron”.

BUSCANDO LA VERDAD HISTORICA
DESINFORMACION Y POSVERDAD

Algunos medios de comunicación, en especial las redes sociales promueven la desinformación de manera constante, desorientando a la opinión pública con propósitos de confrontación o desdibujan la realidad de los hechos con mensajes de posverdad. Otros investigadores coinciden que en el mundo hay industrias que se dedican a fabricar mentiras y desinformación que transmiten a los grandes medios como si fueran verdades y estos a su vez, lo replican sin el mínimo deber de revisión de fuentes informativas serias y confiables.

Veizaga recordó un ingrato episodio que le tocó lidiar al diario Opinión de Cochabamba durante el primer gobierno de Morales. El periódico publicó un artículo considerado ofensivo contra la dignidad de los primeros mandatarios, Evo Morales y Álvaro García Linera, texto que incomodó a los gobernantes. El codirector del diario Opinión de entonces, el periodista y abogado, Federico Sabat Lara, fue amable cuando fue consultado por la revista Temas y confirmó el hecho. “Efectivamente era un columnista que rompió las reglas editoriales en dos líneas de su artículo”. Sabat agrega luego: “El caso fue resuelto favorablemente después de una debida explicación a las autoridades correspondientes y la publicación de una posterior aclaración”.

Casos como el mencionado, se registraron en otros medios con publicaciones denigrantes o falsas acusaciones que no siempre son desmentidas, por ello, tanto periodistas como el poder político consensuaron para la vigencia de la Autorregulación contemplada en la Constitución Política del Estado para que los medios de comunicación y periodistas se sujeten a sus códigos de ética.

Por otro lado, Veizaga aclaró que ningún derecho es ilimitado, no es absoluto, hay que respetar los límites que establece la Constitución, porque tampoco a nombre de libertad de expresión se puede permitir la circulación de “cualquier cosa” en las redes sociales, tomando en cuenta los efectos que causa en la sociedad y el Estado. En democracia hay ser actores responsables. “La misma Constitución Política del Estado nos dice: los periodistas debemos tener responsabilidad social, además hablar con la verdad”.

Afirmó que no se puede desconocer los factores perturbadores de la desinformación presentes en la actualidad. “Quieren llevarnos a un camino sin salida, afortunadamente ahí prevalece la responsabilidad social y política del periodista para aproximarnos a la verdad”. Más adelante dijo: “Mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. Mi punto de vista puede ser diferente y contrastar otras ideas pero se debe respetar”.

BUSCANDO LA VERDAD HISTORICA

Según su análisis, Bolivia vive otra coyuntura política porque el MAS no tiene ya los dos tercios, solo mayoría en las dos cámaras y otros órganos de poder pero con ciertas restricciones. “Cuando tenía los dos tercios, efectivamente Evo Morales tenía demasiada concentración de poder en su persona, era un gobierno muy fuerte, hegemónico, dominante y uno tenía que generar un autocontrol”, a la hora de opinar o presentar una información.

Sobre la crisis de octubre-noviembre de 2019, Veizaga realizó prolijo seguimiento de los acontecimientos y escribió un libro titulado: “Derecho de Resistencia, ¿Golpe de Estado? o ¿Auto Golpe? y Sucesión constitucional”, preguntándose cuál sería la verdad histórica. De la revisión de antecedentes, reconoció el derecho de resistencia de la sociedad civil frente a la conducta vertical del gobierno del MAS, sobre todo de la conducta personal de Evo Morales.

Elogió la nueva Constitución Política del Estado aprobada en la Asamblea Constituyente en medio de grandes conflictos y fuerte polarización entre oriente y occidente frente al modelo de Autonomía Departamental propugnado por Santa Cruz. “Se trataba de un gran paso en la historia boliviana porque es una Constitución muy garantista y de avanzada para este tiempo, es inclusiva, defiende los derechos humanos y reconoce lo plurinacional y multicultural”, señaló.

La nueva Constitución, sin embargo de permitirle a Evo gobernar con tranquilidad, también le insufló para cometer algunos errores en su gestión. Por ejemplo, según su criterio, fue lamentable escuchar algunos mensajes esporádicos del Presidente como: “Yo le meto nomas, (si hay problemas) que resuelvan los abogados para eso han estudiando”. Que lo diga un primer mandatario, era una sorpresa y un mensaje lapidario para vivir en democracia. “Yo enseño derecho constitucional y me pregunté. ¿Qué vamos a hacer?”.

Luego, dice, viene el Referendo Popular, gana el NO ante el SI con poca diferencia, pero hay un resultado del soberano que debía ser respetado. No fue así y posteriormente generó resistencia civil contra la reelección.

Al explicar sobre el complejo manejo del orden constitucional recordó el inicio de la crisis en noviembre después de las elecciones presidenciales de octubre, el informe preliminar de la OEA denunciando indicios de fraude, pronunciamiento militar, motín policial, renuncia del Presidente y Vicepresidente que salen del país, y casi en forma simultánea, también dimiten los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, generando un vacío de poder. La querella entre oficialismo y oposición sobre golpe de estado o fraude electoral es un proceso pendiente no concluido y debe continuar con una investigación más profunda para establecer la verdad histórica.

AFANES CONSPIRATIVOS

En los primero días del conflicto de noviembre, Veizaga, fue invitado a una reunión de emergencia propiciada por un presidente del Comité Cívico de Cochabamba, donde conoció informes cifrados con líneas políticas de conspiración contra el gobierno, entonces se apartó de todo contacto con el grupo cívico. Las directrices provenían desde Santa Cruz y del exterior.

“El Comité Cívico de Cochabamba, publicó después un pronunciamiento de apoyo encubierto a los afanes conspirativos”. Aclaró luego, “nosotros no nos involucramos ni fuimos parte de ese documento, sabíamos del movimiento alentado desde Santa Cruz”, reveló.

Cuando hay vacío de poder, dijo, siempre hay margen de negociación para encontrar una solución dentro el mandato constitucional nombrando inclusive al último en la línea de sucesión. No ocurrió tal cosa, al contrario hubo planteamientos descabellados como el propuesto por el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz de conformar una junta cívico militar.

Los otros actores políticos involucrados en la crisis no estuvieron de acuerdo con la propuesta del dirigente cívico y buscaron fórmulas para volver al camino de la constitución como correspondía, empero no había condiciones ni posibilidades para organizar la transición constitucional con el MAS.

Similares dificultades se presentaron cuando la señora Añez y su grupo de seguidores no pudieron garantizar la transición porque las condiciones no eran favorables ni bonancibles por carecer de legitimidad.

De acuerdo con su percepción, si otro hubiera sido el líder con capacidad de negociar y garantizar la transición no se habría llegado a la crisis que derivó en un golpe atípico diferente a los clásicos golpes militares conocidos en Bolivia.

Sobre el decantado fraude electoral que denuncia permanentemente la oposición política al MAS, sostiene que no existe una sentencia judicial concluida que permita llegar a la verdad histórica. El informe de conclusiones sobre las elecciones del 20 de octubre de 2019 practicada por la OEA denunciando graves irregularidades, tampoco es una sentencia jurídica, al igual que el informe de la Universidad de Salamanca.

Julio Veizaga, activo reportero de prensa de radio Litoral en 1974 fue arrestado en una celda de la Dirección de Orden Político, DOP, acusado de terrorista horas antes de registrarse la masacre del Valle Alto, durante el gobierno militar de Hugo Banzer Suárez. Había revelado en su emisora detalles de la estrategia definida por el Prefecto de entonces, Milivoy Eterovic Matenda y jefes militares para la incursión de tropas del CITE por la Angostura para romper el bloqueo de carreteras en Tolata y Epizana. “Llegué tarde a una reunión convocada en la Prefectura, entonces el colega Jorge Gómez, de radio Nacional, me comentó entre líneas de los acuerdos para el desbloqueo”. Veizaga no sabía que el régimen ya había impuesto la censura en los medios de comunicación. “Me fui a la radio y le pido a Carlos Balderrama que realizaba su programa, me de paso para difundir un flash informativo y comencé a relatar, después me buscaron y me apresaron”.

DESINFORMACION Y POSVERDAD

Algunos medios de comunicación, en especial las redes sociales promueven la desinformación de manera constante, desorientando a la opinión pública con propósitos de confrontación o desdibujan la realidad de los hechos con mensajes de posverdad. Otros investigadores coinciden que en el mundo hay industrias que se dedican a fabricar mentiras y desinformación que transmiten a los grandes medios como si fueran verdades y estos a su vez, lo replican sin el mínimo deber de revisión de fuentes informativas serias y confiables.

Veizaga recordó un ingrato episodio que le tocó lidiar al diario Opinión de Cochabamba durante el primer gobierno de Morales. El periódico publicó un artículo considerado ofensivo contra la dignidad de los primeros mandatarios, Evo Morales y Álvaro García Linera, texto que incomodó a los gobernantes. El codirector del diario Opinión de entonces, el periodista y abogado, Federico Sabat Lara, fue amable cuando fue consultado por la revista Temas y confirmó el hecho. “Efectivamente era un columnista que rompió las reglas editoriales en dos líneas de su artículo”. Sabat agrega luego: “El caso fue resuelto favorablemente después de una debida explicación a las autoridades correspondientes y la publicación de una posterior aclaración”.

Casos como el mencionado, se registraron en otros medios con publicaciones denigrantes o falsas acusaciones que no siempre son desmentidas, por ello, tanto periodistas como el poder político consensuaron para la vigencia de la Autorregulación contemplada en la Constitución Política del Estado para que los medios de comunicación y periodistas se sujeten a sus códigos de ética.

Por otro lado, Veizaga aclaró que ningún derecho es ilimitado, no es absoluto, hay que respetar los límites que establece la Constitución, porque tampoco a nombre de libertad de expresión se puede permitir la circulación de “cualquier cosa” en las redes sociales, tomando en cuenta los efectos que causa en la sociedad y el Estado. En democracia hay ser actores responsables. “La misma Constitución Política del Estado nos dice: los periodistas debemos tener responsabilidad social, además hablar con la verdad”.

Afirmó que no se puede desconocer los factores perturbadores de la desinformación presentes en la actualidad. “Quieren llevarnos a un camino sin salida, afortunadamente ahí prevalece la responsabilidad social y política del periodista para aproximarnos a la verdad”. Más adelante dijo: “Mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. Mi punto de vista puede ser diferente y contrastar otras ideas pero se debe respetar”.

Según su análisis, Bolivia vive otra coyuntura política porque el MAS no tiene ya los dos tercios, solo mayoría en las dos cámaras y otros órganos de poder pero con ciertas restricciones. “Cuando tenía los dos tercios, efectivamente Evo Morales tenía demasiada concentración de poder en su persona, era un gobierno muy fuerte, hegemónico, dominante y uno tenía que generar un autocontrol”, a la hora de opinar o presentar una información.

Sobre la crisis de octubre-noviembre de 2019, Veizaga realizó prolijo seguimiento de los acontecimientos y escribió un libro titulado: “Derecho de Resistencia, ¿Golpe de Estado? o ¿Auto Golpe? y Sucesión constitucional”, preguntándose cuál sería la verdad histórica. De la revisión de antecedentes, reconoció el derecho de resistencia de la sociedad civil frente a la conducta vertical del gobierno del MAS, sobre todo de la conducta personal de Evo Morales.

Elogió la nueva Constitución Política del Estado aprobada en la Asamblea Constituyente en medio de grandes conflictos y fuerte polarización entre oriente y occidente frente al modelo de Autonomía Departamental propugnado por Santa Cruz. “Se trataba de un gran paso en la historia boliviana porque es una Constitución muy garantista y de avanzada para este tiempo, es inclusiva, defiende los derechos humanos y reconoce lo plurinacional y multicultural”, señaló.

La nueva Constitución, sin embargo de permitirle a Evo gobernar con tranquilidad, también le insufló para cometer algunos errores en su gestión. Por ejemplo, según su criterio, fue lamentable escuchar algunos mensajes esporádicos del Presidente como: “Yo le meto nomas, (si hay problemas) que resuelvan los abogados para eso han estudiando”. Que lo diga un primer mandatario, era una sorpresa y un mensaje lapidario para vivir en democracia. “Yo enseño derecho constitucional y me pregunté. ¿Qué vamos a hacer?”.

Luego, dice, viene el Referendo Popular, gana el NO ante el SI con poca diferencia, pero hay un resultado del soberano que debía ser respetado. No fue así y posteriormente generó resistencia civil contra la reelección.

Al explicar sobre el complejo manejo del orden constitucional recordó el inicio de la crisis en noviembre después de las elecciones presidenciales de octubre, el informe preliminar de la OEA denunciando indicios de fraude, pronunciamiento militar, motín policial, renuncia del Presidente y Vicepresidente que salen del país, y casi en forma simultánea, también dimiten los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, generando un vacío de poder. La querella entre oficialismo y oposición sobre golpe de estado o fraude electoral es un proceso pendiente no concluido y debe continuar con una investigación más profunda para establecer la verdad histórica.

. Redacción:
Simón Alberto Figueroa Reynaga

Periodista, Editor General de TEMAScbba, Miembro de la Sociedad de Editores y Redactores SER Cochabamba

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